El caso penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas en diciembre de 2025, llegó a su fin este miércoles. La jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz decretó la libertad inmediata de los dos trabajadores que permanecían encarcelados, tras validarse la reparación integral del daño a las víctimas.
Felipe de Jesús Díaz Gómez (conductor) y Ricardo Mendoza Cerón (despachador) abandonarán en las próximas horas el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, donde permanecían recluidos desde el pasado mes de enero.
La resolución de la jueza federal se da tras el anuncio de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien informó que las víctimas optaron por una solución alterna. Al aceptar el acuerdo reparatorio, se declaró el sobreseimiento de la causa penal 7/2026, lo que implica el cierre definitivo del proceso jurídico.
“Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”, dijo Godoy Ramos.
Fallas humanas, no estructurales
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que la tragedia ocurrida el 28 de diciembre de 2025 no fue producto de deficiencias en la construcción de la obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscalía General de la República concluyó que el descarrilamiento fue provocado directamente por el exceso de velocidad de la tripulación, descartando cualquier falla estructural en la vía y exonerando de responsabilidad a la Secretaría de Marina.
Bajo este dictamen, se procedió legalmente contra Díaz Gómez y Mendoza Cerón por los delitos de homicidio y lesiones culposas, mientras que el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez no fue detenido por la institución.
Los trabajadores fueron detenidos a finales de enero de este año y vinculados a proceso poco después. Sin embargo, el peritaje final presentado el pasado 8 de abril facilitó el camino hacia el acuerdo conciliatorio entre la empresa paraestatal y los afectados, evitando que el caso escalara a la etapa de juicio oral.
Con esta liberación, el Gobierno Federal cierra uno de los capítulos más complejos en materia de seguridad ferroviaria del último año, priorizando la indemnización económica a las familias afectadas sobre la sanción penal a los operadores involucrados.
