Con la publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el gobierno de Estados Unidos consolida su nueva estrategia contra el narcotráfico; bajo el estandarte de enfrentar una “guerra química”, la administración de Donald Trump transforma su estrategia interna en una campaña de seguridad global con rasgos intervencionistas que amenaza con socavar la autonomía de las naciones del Sur Global.
Al determinar que la amenaza de las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO por sus siglas en inglés) se origina fuera de sus fronteras, la administración ha ordenado la aplicación coordinada de todas las capacidades del Estado: diplomáticas, financieras y militares.
El documento advierte que la administración de Trump aprovechará sus compromisos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir que los países de origen y tránsito, como China, India, México, Canadá y Colombia, amplíen marcos de incentivos similares y compatibles con sus normativas para las empresas navieras, químicas, farmacéuticas y de logística.
Lo que el Departamento de Estado denomina “iniciativas bilaterales estratégicas” es, en realidad, un mecanismo de coacción que busca convertir a los ministerios de justicia y fuerzas de seguridad de América Latina y Asia en meras extensiones de la agenda de control social estadounidense.
México y Colombia, en la mira del intervencionismo
La estrategia no disimula su carácter impositivo. En las exigencias para México, la receta de Washington ignora las causas estructurales de la violencia y se enfoca exclusivamente en la militarización.
Así, exige la incautación de precursores y el desmantelamiento de estructuras de “mando y control”, una retórica que abre la puerta a la intervención directa en asuntos de seguridad interna bajo el pretexto de amenazas “extraterritoriales”.
“Priorizaremos las líneas de acción que impulsen (…) a México a eliminar la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos mediante sus estructuras extraterritoriales de mando y control”
En el caso de Colombia, el plan insiste en el fracasado modelo de reducción forzada de cultivos de coca, una política que históricamente ha criminalizado al campesinado pobre mientras las élites financieras que lavan el dinero del narcotráfico permanecen intocables.
Cabe señalar que, de acuerdo a la denominada Línea de Esfuerzo 3.1, la administración Trump vuelve a condicionar la relación diplomática a “resultados tangibles”, lo que para algunos especialistas es una forma de chantaje que prioriza las metas electorales de la Casa Blanca sobre la paz social en las regiones productoras.
Para México y el resto de la región, esto implica una presión sin precedentes. La estrategia no se limita a detener cargamentos, sino a utilizar cada decomiso para alimentar el Centro Nacional de Coordinación (NCC), que integra a más de 18 mil agencias de ley locales, estatales y tribales, apoyadas por asociaciones internacionales que extienden el alcance de EEUU “mucho más allá de sus fronteras”.
IA y vigilancia, un frente tecnológico infranqueable
También llama la atención que el plan abandona la vigilancia por etapas para tratar el tráfico como un “vector de amenaza único y continuo” desde la zona de origen hasta el destino final. Para lograrlo, la tecnología cobra protagonismo.
De acuerdo al documento, la Inteligencia Artificial (AI) será utilizada para el análisis de datos a gran escala y la identificación de tráfico de alto riesgo, mientras se define la Inspección No Intrusiva (NII) como un escaneo avanzado en puntos fronterizos para detectar precursores químicos y cargamentos ilícitos sin detener el flujo comercial legítimo.
Este despliegue de “defensa en capas” coloca a los socios latinoamericanos bajo un escrutinio constante. La exigencia de una interoperabilidad total y de “asociaciones internacionales sólidas” sugiere que la ayuda estadounidense estará condicionada a la adopción de estos sistemas de vigilancia y a la colaboración absoluta en las investigaciones del HSTF.
El documento oficial también despliega una narrativa de confrontación geopolítica al señalar directamente a China por “subvencionar e incentivar” a sus empresas químicas en la exportación de fentanilo. Esta retórica transforma un problema de salud pública interna en Estados Unidos en un campo de batalla comercial, eludiendo la responsabilidad de las propias farmacéuticas estadounidenses en la creación de la epidemia de opiodes.
La presión se extiende hasta India y Canadá, pues Trump exigue regulaciones y un intercambio de inteligencia que, bajo el velo de la seguridad, profundiza el aparato de vigilancia global liderado por agencias federales estadounidenses que ahora cuentan con “plenas facultades” para operar fuera de sus fronteras.
Si bien el documento reconoce la necesidad de abordar factores estructurales que influyen en el tráfico y consumo de drogas, como la demanda interna, las condiciones económicas y la disponibilidad de sustancias ilícitas en el mercad, el grueso de la estrategia se centra en combatir el “terrorismo” exterior”.
Sara A. Carter Bailey, nueva directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas presentó la estrategia como una promesa a las familias afectadas por la crisis de fentanilo. Con un tono personal y combativo, vinculó su experiencia personal con la nueva misión del país.
“He rastreado las líneas de suministro desde los campos de droga que financiaron a los terroristas que casi matan a mi esposo… hasta los campos de batalla en México donde imperios criminales tramaron el asalto químico contra nuestro país”, declaró la funcionaria y subrayó que la “era de la contención ha fallado”.
La Directora definió el plan como una “orden de batalla” para cazar a los cárteles en sus refugios seguros y romper la estructura de las organizaciones designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
