La madrugada de este jueves, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que incorpora la intervención o injerencia extranjera como nueva causal para anular elecciones federales y estatales, una modificación que ahora deberá ser discutida y votada por los congresos locales del país.
Con 85 votos a favor y 42 en contra, Morena y sus aliados alcanzaron la mayoría calificada necesaria para sacar adelante la minuta, pese a que al momento de la votación ya se habían retirado varios legisladores, incluidos dos integrantes de la bancada morenista. Tras su aprobación, el proyecto fue remitido a las legislaturas estatales para continuar su proceso constitucional.
La nueva causal de nulidad electoral
La reforma establece que la intervención o injerencia extranjera podrá ser considerada una causa para invalidar procesos electorales, una medida que, según el dictamen, busca responder a nuevas formas de influencia externa que no estaban contempladas en la legislación vigente.
De acuerdo con el documento aprobado, las causales de nulidad existentes fueron diseñadas principalmente para atender conductas internas relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, el gasto electoral o la cobertura mediática, mientras que actualmente existen riesgos asociados a mecanismos como la manipulación digital, el financiamiento opaco, los ciberataques y las campañas coordinadas de desinformación.
La iniciativa surgió a partir de una propuesta impulsada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Sin embargo, la reforma no podrá aplicarse en las elecciones de 2027, debido a que el propio legislador retiró la legislación secundaria necesaria para su implementación en ese proceso electoral.
Morena defiende la reforma como una medida de soberanía
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la minuta busca fortalecer la capacidad del país para proteger sus decisiones democráticas.
“Tiene un propósito superior, profundamente democrático y patriótico, porque se trata de garantizar que en México las decisiones las tome el pueblo, sin presiones, sin dinero extranjero, sin campañas de manipulación, sin intereses externos disfrazados de asociación civil, de opinión pública o de supuesta democracia”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que la nueva disposición no implica una nulidad automática ni discrecional, ya que deberán acreditarse de manera objetiva los actos de intervención extranjera, así como su gravedad y la existencia de dolo.
La senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, señaló que la reforma representa una respuesta a fenómenos que ya impactan a diversas democracias en el mundo.
“No se trata de un ajuste técnico ni de una modificación menor al sistema electoral, sino de una definición histórica del Estado mexicano frente a una realidad mundial que ya alcanzó a todas las democracias”.
Argumentan antecedentes de intervención extranjera
Durante el debate, el senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa sostuvo que el riesgo de intervención extranjera ha estado presente durante décadas en distintos procesos políticos.
Como ejemplo, mencionó al grupo Amigos de Fox, los casos relacionados con Odebrecht y diversos episodios registrados en América Latina. También hizo referencia al respaldo otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump al mandatario argentino Javier Milei.
A juicio del legislador, la reforma constituye un instrumento para fortalecer la soberanía nacional frente a posibles influencias externas.
En la misma línea, la senadora morenista Cynthia López Castro recordó que diversas naciones, entre ellas Estados Unidos, cuentan con disposiciones para restringir la injerencia extranjera en asuntos electorales.
“Defenderemos la soberanía nacional con esta reforma a la Constitución Política, para que quienes decidan en México sean las y los mexicanos”.
Ahora, la reforma deberá obtener el respaldo de al menos 17 congresos estatales para completar el procedimiento de reforma constitucional y entrar en vigor.
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