Una investigación realizada por Puente News Collaborative y el Los Angeles Times sostiene que autoridades de Estados Unidos mantienen una investigación criminal contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, por presuntos vínculos con actividades delictivas.
De acuerdo con el trabajo periodístico firmado por Steve Fisher y Kate Linthicum, ambos mandatarios estatales se encontrarían bajo escrutinio de autoridades estadounidenses en expedientes distintos. Los reporteros destacan que Durazo, de 71 años, es uno de los personajes políticos de más alto perfil que habría sido objeto de una investigación de este tipo.
Reportan cancelación de visa y acceso a programa especial
Según la investigación, a Alfonso Durazo le habría sido cancelada su visa estadounidense durante el año pasado y actualmente sería investigado por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Los periodistas señalan además que, pese a ello, el gobernador de Sonora continuaría ingresando a territorio estadounidense para recibir atención médica mediante un mecanismo especial conocido como Significant Public Benefit parole.
“Durazo, de 71 años, el gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los líderes de mas alto perfil que se cree estar bajo investigación hasta la fecha”, escribieron los reporteros.
Asimismo, agregan:
“La visa de Durazo fue cancelada el año pasado, y Estados Unidos lo está investigando por sus supuestos vínculos con el crimen organizado”.
De acuerdo con la publicación, fuentes con conocimiento del caso indicaron que el mandatario estatal tendría acceso al programa estadounidense utilizado en determinados casos de cooperación con autoridades de seguridad pública.
“El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”, explican los periodistas.
La investigación también refiere que la oficina del gobernador de Sonora no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por los reporteros sobre este tema.
El caso de Tamaulipas estaría relacionado con huachicol
Respecto a Américo Villarreal Anaya, la investigación sostiene que la pesquisa estaría vinculada con actividades relacionadas con el huachicol.
Los periodistas afirman que fuentes cercanas al caso señalaron que el gobernador tamaulipeco también contaría con un esquema de Significant Public Benefit parole.
“Las fuentes informaron que Villarreal también tiene un parole Significant Public Benefit. Cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadunidenses”, indicó una persona con conocimiento del asunto citada por Fisher y Linthicum.
Sin embargo, la propia investigación señala que Villarreal rechazó las acusaciones y negó cualquier señalamiento en su contra.
“Villarreal calificó de falso toda acusación en su contra”, reportaron los autores del trabajo periodístico.
El antecedente Rocha Moya y la postura de Sheinbaum
La publicación también retoma el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien autoridades estadounidenses habrían impulsado una acusación mediante un gran jurado en Nueva York, situación que derivó en una solicitud de extradición.
Los reporteros señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado este tipo de señalamientos y previamente calificó el caso de Rocha Moya como una campaña de difamación “políticamente motivada contra el gobierno izquierdista”.
Asimismo, la investigación asegura que durante una reunión celebrada en mayo entre Sheinbaum y el senador republicano Markwayne Mullin, se habría planteado la expectativa de que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos.
Según la versión publicada por Puente News Collaborative y Los Angeles Times, la mandataria mexicana respondió que el futuro del gobernador sinaloense debía resolverse dentro del marco legal mexicano y que “le advirtió a Mullin que acusaciones estadunidenses adicionales contra líderes electos serían considerados interferencia política en los asuntos de México”.
Hasta el momento, la información difundida corresponde a una investigación periodística basada en fuentes consultadas por ambos medios y no representa una resolución judicial ni una determinación definitiva de responsabilidad contra los gobernadores mencionados.
