La estrategia de vigilancia aérea y terrestre desplegada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), ha provocado una disminución sostenida de los vuelos clandestinos utilizados por el narcotráfico para ingresar cargamentos ilícitos al país.
De acuerdo con una investigación especial publicada por Milenio, los registros oficiales del Centro Nacional para la Protección y Vigilancia del Espacio Aéreo (Cenavi) muestran que los aseguramientos de aeronaves vinculadas con actividades ilícitas descendieron de manera constante entre 2019 y 2026, mientras las operaciones de vigilancia e inteligencia fueron reforzadas en los principales corredores utilizados por la delincuencia organizada.
De 37 aeronaves aseguradas a solo dos
Las cifras oficiales muestran el cambio en la actividad detectada por las autoridades militares. En 2019 fueron aseguradas 37 aeronaves; en 2020 la cifra bajó a 29; 2021 cerró con 24; 2022 registró 16; 2023 contabilizó 13 y 2024 descendió hasta siete.
Durante 2025 se reportaron 18 aseguramientos, mientras que en los dos primeros meses de 2026 únicamente se habían registrado dos casos, de acuerdo con los datos del Cenavi.
Las fuentes militares consultadas por Milenio señalaron que, aunque las organizaciones criminales continúan utilizando aeronaves ligeras y pistas clandestinas para mover droga, dinero y otros cargamentos ilícitos, la presión ejercida por las fuerzas armadas ha obligado a modificar constantemente sus rutas de operación.
Chiapas y Campeche, bajo la mayor vigilancia
Los registros también revelan que Chiapas encabeza la lista nacional con 28 aeronaves aseguradas entre 2019 y febrero de 2026. Le siguen Campeche con 20, Baja California con 19, Sinaloa con 19 y Quintana Roo con 18.
Estas entidades coinciden con las rutas históricas utilizadas para conectar Centroamérica con México y posteriormente con la frontera norte, razón por la que la Defensa mantiene operaciones permanentes de vigilancia aérea y patrullajes terrestres.
En el caso de Sinaloa, la entidad continuó siendo un punto relevante durante 2025, al registrar nueve aeronaves aseguradas, la cifra más alta del país en ese año.
Tecnología, inteligencia y reacción inmediata
Una fuente con conocimiento de las operaciones explicó a Milenio que el Cenavi integra radares militares, aeronaves de vigilancia, sistemas no tripulados y centros regionales de control, lo que permite detectar vuelos irregulares, monitorear aeronaves sospechosas y generar inteligencia para actuar oportunamente.
Asimismo, detalló que la Fuerza Aérea Mexicana utiliza aeronaves Embraer, King Air y drones militares para seguir las rutas empleadas por grupos criminales y apoyar en tiempo real las operaciones en tierra.
“El Cenavi cubre la vigilancia del Estado mexicano en el espacio aéreo. Desde ahí se integran los radares militares, las aeronaves de vigilancia, los sistemas no tripulados y los centros regionales de control para detectar vuelos irregulares, dar seguimiento a aeronaves sospechosas y generar inteligencia que permita actuar a tiempo contra operaciones vinculadas con el narcotráfico o actividades ilícitas”.
La misma fuente agregó:
“La FAM emplea plataformas aéreas Embraer y King Air, así como drones militares, para seguir rutas utilizadas por la delincuencia organizada y apoyar en las operaciones en tiempo real a mandos territoriales. Gracias a estas misiones se han localizado cargamentos de droga, aeronaves clandestinas, armas, vehículos y dinero, afectando las finanzas de los grupos criminales por miles de millones de pesos, lo que ha provocado que la delincuencia modifique sus rutas o inhiba su tráfico”.
El caso que mostró el nuevo alcance de la vigilancia
Uno de los ejemplos más recientes ocurrió el pasado 5 de junio en Mexicali, Baja California, donde una aeronave Cessna 206 fue detectada y monitoreada por las autoridades mexicanas.
Como parte del operativo, la Fuerza Aérea desplegó dos aviones T-6C+ y un helicóptero UH-60M Black Hawk, logrando obligar al descenso de la aeronave, en la que fueron localizados 24 kilogramos de presunta cocaína.
Este caso, de acuerdo con la investigación, refleja el incremento en la capacidad de detección, seguimiento y reacción de las autoridades mexicanas frente a los vuelos clandestinos utilizados por el narcotráfico, una modalidad que durante décadas fue empleada para introducir cargamentos procedentes de Sudamérica y Centroamérica hacia territorio nacional.
