(28 de noviembre, 2013).- “¿Eso es lo que quiere el PAN, irse cuando tiene que escucharnos, cuando queremos dialogar?” increparon estudiantes a la diputada panista Laura Ballesteros mientras pretendía abandonar el primer foro sobre la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respecto a la regulación de las manifestaciones sociales en la Ciudad de México, llevado a cabo en la Facultad de Derecho en la UNAM.
Durante el evento, representantes de diferentes fuerzas políticas, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y académicos y líderes sindicales como Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se dieron cita para poner en la mesa el debate sobre la posible regulación de marchas en la capital mexicana.
“Me parece inconcebible… y a otros estudiantes de esta facultad, que en ninguno de los foros se está expresando la voz de los jóvenes”, señaló Alejandro Martínez, miembro de la organización estudiantil de derechos humanos El Tribuno Popular, al finalizar las ponencias de los presentes.
“Una propuesta de Ley similar al Decreto Supremo 1086, ordenamiento firmado por el dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte que regula las manifestaciones públicas, fue presentada el 20 de noviembre de 2013 en el Senado de la República por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional” señaló Alejandro minutos después de que Martín Esparza preguntara a los asistentes “¿Cómo no protestar contra esta caterva de panistas?”, aún con la presencia de la diputada panista que sólo sonreía desde su lugar.
Y es que basta leer el artículo segundo de este decreto para corroborar la semejanza con la iniciativa panista en la cual, entre otras cosas, se deberá notificar sobre la manifestación con días de anticipación.
“Artículo 2°.- Para las reuniones en plazas, calles y otros lugares de uso público regirán las siguientes disposiciones:
a) Los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al Intendente o Gobernador respectivo. Las fuerzas de Orden y Seguridad Pública pueden impedir o disolver cualquier manifestación que no haya sido avisada dentro del plazo fijado y con los requisitos de la letra b.
b) El aviso indicado deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Deberá expresar quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación”.
El pasado marzo, en la Ciudad de México se aprobó un protocolo de actuación policial y de manejo de multitudes, con el cual, quedó legalizado el uso de violencia por parte de los policías durante las protestas sociales.
“La pretensión de regular la realización de movilizaciones propone ejecutar medidas de disciplinamiento y control social que se enmarcan en un contexto de estado de excepción de facto y de crisis humanitaria en diversas regiones del país sin que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar efectivamente el respeto a los derechos humanos. Muestra de ello son las 176 recomendaciones al gobierno de nuestro país realizadas recientemente por 87 países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como resultado del Examen Periódico Universal o las 5 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano.
El estudiante de leyes, con la aprobación de los asistentes mostrada con aplausos, señaló que “es clara la intención de profundizar el proceso de judicialización, criminalización y estigmatización de la manifestación pública y la protesta social”, haciendo énfasis en la agudización que ésta ha tenido posterior al primero de diciembre, ya que se han ejecutado cerca de 300 privaciones de la libertad, la mayoría de ellas contra jóvenes en sólo 5 marchas desde la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos.
“Como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestamos nuestra irrevocable disposición a defender el derecho a la manifestación pública y a la protesta social, legado del movimiento estudiantil y social de 1968 por la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que contenía el tipo de disolución social”, concluyó el joven que se vio respaldado por los presentes en el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho.
Tras la participación del joven del Tribuno Popular, los asistentes increparon a los legisladores exigiendo el cese a la criminalización de la protesta, de la que afirmaron, los jóvenes han sido víctimas sistemáticamente desde el primero de diciembre del 2012.
La diputada panista intentó salir de la sala, sin embargo, estudiantes exigieron regresara a su lugar a dialogar, ésta regresó no por mucho tiempo, pues apenas tuvo la posibilidad de retirarse, salió evadiendo la posibilidad de que se le realizaran más cuestionamientos.
