(28 de noviembre, 2013).- A pesar del marco legal existente para hacer respetar los derechos humanos de los migrantes en México, acceder a derecho a la justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la integridad, a la seguridad personal, a la educación, al trabajo, a la salud, no es fácil, peor aún, los migrantes en la Ciudad de México –considerada progresista-son amenazados, abusados, discriminados, extorsionados y demás.
“Si bien la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos declara que éstos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, en materia migratoria el caso de los derechos civiles y políticos representa todo un reto para su debido cumplimiento y garantía por parte de los Estados, ya que el marco en que se sustentan coloca como supuesto fundamental que todos los derechos son los mismos para todas las personas. Sin embargo, en los hechos esta premisa se pone entre paréntesis cuando se trata de personas migrantes, pues para ser plenamente sujetos de derechos civiles y políticos, primero deben pasar por una valoración del derecho interno de los distintos países que les impone un régimen estricto, diferenciado y en algunos casos altamente burocratizado que puede llegar a restringirles el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libre circulación y la ciudadanía”, señala el libro Migrantes, Análisis de la situación de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad de México, editado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
No obstante el martirio que para los migrantes –principalmente centroamericanos– significa trasladarse a Estados Unidos o Canadá, hay quienes deciden buscar en la Ciudad de México un espacio de confort. Sin embargo, las cifras presentadas por la CDHDF dicen lo contrario, en la Ciudad de México los migrantes corren peligro.
Según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur, un promedio de 401 mil 364 personas cruzan la frontera Guatemala-México, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración 60 mil 248 personas migrantes son repatriadas anualmente, es decir, sólo 1.5 de cada 10.
16.42 por ciento de las personas que cruzan la frontera sur tiene como destino México y 83.57 por ciento busca cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
La situación de los que deciden residir en México, estando en el Distrito Federal, no está asegurada.
En lo que se refiere a los delitos cometidos en contra de personas migrantes extranjeras, sin importar su situación migratoria, entre 2007 y 2010 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), registró que el 80.6 por ciento de las denuncias que éstos interpusieron fueron por delitos patrimoniales –76.6 por ciento por robo, 4 por ciento por fraude, 3.4 por ciento por lesiones, 2.3 por ciento por falsificación de documentos, 1.6 por ciento por daños en propiedad ajena, 1.5 por ciento por amenazas y 1 por ciento por pérdida de la vida.
Por robo, entre el 2007 y el 2010 se presentaron 3 mil 050 denuncias, mientras en hostigamiento sexual, suicidio y tráfico de personas sólo una por rubro.
Sin embargo, cabe destacar que sólo se trata de las denuncias formales, pues la CDHDF no considera estadísticas extraoficiales en temas delicados como la trata de personas.
“No existe un diagnóstico específico que considere todas las dimensiones de la trata de personas, entre ellas el papel de la capital como mercado, el tipo de víctimas de este delito y sus implicaciones con el fenómeno migratorio tanto interno como internacional” señala el documento de la CDHDF.
La Ciudad de México ha sido señalada en múltiples ocasiones como un foco rojo en tema de trata, Entre las víctimas se encuentran principalmente mujeres sudamericanas y centroamericanas.
Por esta razón, el miércoles 27 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó diversas reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, buscando que las delegaciones de la capital tengan la obligación de detectar y prevenir la trata de personas en establecimientos como bares, salones de masajes, entre otros, lo cual coincide con el rescate de 26 víctimas de trata, entre las que se encontraban dos venezolanas y una cubana.
La situación legal de los migrantes y su involucramiento en averiguaciones previas como probables responsables del 2007 al 2010 es de llamar la atención. En este periodo de tiempo fueron implicados sólo dos diplomáticos, 4 estudiantes, 4 trabajadores, 29 turistas, 37 migrantes sin estatus regular y 207 migrantes residentes en la Ciudad de México.
El Distrito Federal no resulta garantía de una estancia favorable para los migrantes a pesar del gran flujo que éstos tienen en la capital. Entre el 2007 y el 2012, la CDHDF registró 291 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de personas migrantes extranjeras; es decir, 48 quejas en promedio al año. Sin embargo, según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad la proporción de delitos no denunciados en la capital del país es de 8.8 de cada 10.
Las cifras dadas por la CDHDF sólo representan las denuncias institucionales, el 12 por ciento de los crímenes realizados.
