Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP. AC.
(26 de diciembre, 2013).-Un día después del desalojo violento del campamento Ixtliyólotl, que los habitantes del pueblo San Pedro Mártir tenían como protesta ante la construcción que consideran ilegal y con irregularidades de una gasolinera en el poblado, organizaciones y colectivos sociales repudiaron el desalojo y lo consideraron un “acto represivo” de las autoridades.
Mediante un comunicado, las organizaciones y colectivos sociales exigen “a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, así como al gobierno de la delegación Tlalpan, que garantice la seguridad e integridad física de las personas que permanecen en resistencia ante la gasolinera que pretenden imponer”.
A su vez, demandan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal “haga valer el Amparo que otorgó en semanas pasadas a las personas que se oponen a la construcción de la gasolinera, y detenga la construcción y apertura de dicho establecimiento” y “denuncian las graves violaciones a los derechos colectivos de las personas del pueblo de San Pedro Mártir al imponer la gasolinera, y limitar su legítimo derecho a protestar de manera pacífica ante la ilegalidad en la que se encuentra este caso”.
A continuación el comunicado íntegro:
ORGANIZACIONES SOCIALES REPUDIAMOS EL VIOLENTO DESALOJO QUE SUFRIERON COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL CAMPAMENTO IXTLIYÓLOTL
26 de diciembre de 2013
Este 25 de diciembre, alrededor de las 6:30 de la mañana, en medio de las festividades con motivo de la navidad, cuerpos de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal desalojaron de manera violenta, con excesivo uso de la fuerza pública y constante intimidación a las personas que se encontraban en el Campamento Ixtliyólotl.
El campamento Ixtliyólotl “Por la vida y Dignidad” está ubicado en el kilómetro 19+540 de la lateral de la autopista México-Cuernavaca desde el 27 de septiembre de 2011. Esto ha sido posible gracias a un pueblo unido que tiene dignidad, que lucha codo a codo, resiste noche y día, y exige que las autoridades cumplan la ley.
El colectivo de personas que se oponen a la construcción de una gasolinera inició desde 2011 una lucha de resistencia civil pacífica en defensa de la vida, el cumplimiento de la legalidad, y para que se respete el derecho humano del pueblo a un medio ambiente sano, como se establece en el artículo cuarto de la Constitución. Empresarios del corporativo Corpogas, con la complacencia de funcionarios públicos, empezaron allí la construcción de la gasolinera con permisos que no cumplen con la normatividad vigente, poniendo en riesgo –de distintas maneras– la vida de las personas que habitan en esa zona. Desde el comienzo de la construcción, los vecinos acudieron a las autoridades delegacionales de Tlalpan y del gobierno central, pero ante la falta de respuesta y debido a que pipas de Pemex fueron subrepticiamente a dotar de gasolina los tanques de almacenamiento de la gasolinera, se vieron obligados a iniciar un fuerte proceso de exigibilidad de sus derechos humanos.
Este 25 de diciembre de 2013, el colectivo de personas que resisten en dicho campamento fue objeto de un desalojo violento a través de un operativo desmesurado y desproporcional. Asimismo, las autoridades tanto delegacionales como del gobierno central del Distrito Federal fueron omisas a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para garantizar la seguridad del Campamento en distintas ocasiones, debido al acoso por parte de cuerpos de seguridad y de particulares.
También, se dejó de lado que las y los vecinos, el pasado 7 de diciembre de 2013, lograron que se les otorgara el amparo 777-2013 en el juzgado décimoquinto, contra la última resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) que fallaba a favor del corporativo Corpogas. El colectivo del campamento Ixtliyólotl tienen a su favor un Amparo judicial, medidas cautelares que les protegen de posibles desalojos, y la legitimidad y reconocimiento que les otorgan organizaciones, colectivos, movimientos sociales a su lucha, pues se reconoce en esta defensa de derechos a un pueblo que históricamente ha conservado y practico el espíritu de solidaridad y búsqueda de la justicia y la dignidad.
Como organizaciones y colectivos sociales repudiamos unánimemente el desalojo que sufrieron las compañeras y compañeros del Campamento, y hacemos evidente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y granaderos que llevaron a cabo dicho acto represivo.
Exigimos a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, así como al gobierno de la Delegación Tlalpan, que garantice la seguridad e integridad física de las personas que permanecen en resistencia ante la gasolinera que pretenden imponer.
Exigimos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal haga valer el Amparo que otorgó en semanas pasadas a las personas que se oponen a la construcción de la gasolinera, y detenga la construcción y apertura de dicho establecimiento.
Denunciamos que existen graves violación a los derechos colectivos de las personas del pueblo de San Pedro Mártir al imponer la gasolinera, y limitar su legítimo derecho a protestar de manera pacífica ante la ilegalidad en la que se encuentra este caso.
ATENTAMENTE
Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C.
Campaña Feminicidios Nunca Más
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” OP, A.C.
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derechos al Agua (COMDA)
Colectivo Bloque Rosa
Colectivo Deriva Radio
Comité Jurídico y Derechos Humanos (Cojudh)
Mujer y Medio Ambiente A.C.
Promoción y Atención para el Desarrollo Integral A.C.
Punto Género A.C.
Red de Género y Medio Ambiente RGEMA
