* Artículo de opinión
(13 de enero, 2014).- Desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón en 2006, diversos analistas han utilizado el término Estado fallido para diagnosticar la situación del país. Sin embargo, desde 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el pacto fundamental que tuvo lugar con la Revolución Mexicana comenzó a fracturarse de manera sustancial.
A partir de entonces, los derechos de las y los mexicanos se han visto disminuidos debido a las grietas que las reformas a la Constitución han abierto. Esas grietas parecen vulnerar nuestra Carta Magna de 1917, la cual representó la culminación del conflicto armado mediante un acuerdo político.
En un apartado de la página oficial de la Presidencia de la República, la actual administración explica a los niños los logros de la Revolución Mexicana. En ella se lee “Todos los mexicanos hemos disfrutado los frutos de un árbol muy importante en nuestra historia, ¡El árbol de la Revolución Mexicana!”.
Según la página referida, la “semilla” de este árbol fue el descontento de la gente “porque el presidente Porfirio Díaz llevaba muchos años en el poder y no permitía gobernar a personas con nuevas ideas. A la gente que trabajaba en el campo no se le pagaba lo justo, tampoco tenían servicios como luz, agua, drenaje y médicos, y las tierras que labraban no les pertenecían”.
En otro apartado de la misma página se lee que con la Revolución “se instauró la democracia como un valor fundamental, basado en la libertad de los pueblos para determinar su propio sistema político”.
En 2013, sin embargo, se aprobaron diversas reformas estructurales que, según expertos, contradicen el discurso de la página interactiva del Ejecutivo. En particular, la Reforma Energética modificó artículos constitucionales sin consultar al pueblo, lo que, para teóricos de la Constitución, significa un agravio a los principios básicos del pacto político producto de la Revolución.
“Se necesitaba de un tronco resistente para que el árbol pudiera sobrevivir. Ese tronco fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de Febrero de 1917, y que hasta la fecha nos rige”, continúa el texto de la página del Gobierno Federal.
Entre los “logros de la Revolución Mexicana” destacados por el portal se encuentra “el derecho al voto como un derecho ciudadano para ejercer la democracia”. Hoy, a casi cien años de la promulgación de la constitución, los vestigios del caso Monex y la denuncia de compra de votos a favor de Enrique Peña Nieto mediante la utilización de tarjetas de la empresa “Sí vale” cuestionan el alcance y la posibilidad real de ejercer plenamente este derecho para buena parte de la población.
“Gracias a la Revolución Mexicana los campesinos pudieron recibir tierras para cultivarlas y vivir en un lugar de su propiedad”, señala el texto dirigido a los infantes. Sin embargo, en enero de 1992, por iniciativa del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se reformó el artículo 27 Constitucional cuyo principio básico era la pertenencia de los recursos naturales.
La lucha por “Tierra y Libertad” encabezada por Emiliano Zapata en el sur del país, como respuesta a siglos de despojo de tierras, fue prácticamente enterrada al permitir la venta de tierras ejidales o comunales. Con ello se facultó a las sociedades mercantiles para ser propietarias –mediante inversión accionaria– de grandes extensiones de tierra, lo que significó el fin del contrato agrario establecido en la Revolución.
Con esta Reforma se abrió la puerta para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el cual cumplió dos décadas de vigencia el 1 de enero pasado. El TLCAN propició la pérdida del patrimonio y la fuente de empleo de miles de campesinos, aun cuando el portal de presidencia apunta que, gracias a la Revolución Mexicana, la agricultura se convirtió en una “actividad muy importante para el país”.
Entre las conquistas sociales destacadas por el texto se encuentra la creación de “sindicatos con el propósito de proteger los derechos laborales de los trabajadores”. La Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Felipe Calderón en 2012 parece contradecir la esencia de esa conquista. En ella se permite la creación de empleos mediante la subcontratación, el llamado outsourcing, que se traduce en pérdida de la seguridad social, en precarización del sistema de pensiones, así como en la pérdida de la estabilidad de las relaciones laborales y el debilitamiento de la seguridad para la vejez.
“Se aseguró el salario mínimo”, dicta la página. El artículo 123 constitucional regula tal situación, en él se estipulan los atributos de los salarios mínimos, los cuales “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural”. Sin embargo, el más reciente incremento al salario mínimo determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es de 2.53 pesos, apenas el 3.9 por ciento de incremento con respecto al 2013.
Así, se espera que un trabajador satisfaga sus necesidades y las de su familia con 67.29 pesos diarios (2 mil 18 pesos al mes para el área geográfica A, y mil 913 pesos para el área Geográfica B). El presidente de la Conasami, Basilio González Núñez, percibe diariamente 90 salarios mínimos, con un sueldo bruto mensual de 173 mil 436 pesos mensuales, tal como dio a conocer REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO el mes pasado.
Actualmente la pobreza y la marginación alcanzan niveles alarmantes en el país mientras la riqueza se concentra en pocas manos. De acuerdo con datos de organismos internacionales y con el índice elaborado por el servicio informativo Bloomberg, entre las 300 personas más ricas del mundo figuran cuatro mexicanos, Carlos Slim, Alberto Bailleres, Sara Mota de Larrea y Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, conformado por las empresas Azteca, Azteca America, Grupo Elektra, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Advance America, Grupo Iusacell, Italika, Punto Casa de Bolsa y Azteca Internet.
Algunas de estas empresas, como Banco Azteca o Grupo Elektra operan como “tiendas de raya” contemporáneas en las que muchos de los créditos otorgados resultan imposibles de pagar. Pero de acuerdo con el portal interactivo de presidencia, otro de los logros de la Revolución fue la abolición de las “tiendas de raya (estas tiendas mantenían endeudados a los campesinos y jornaleros toda su vida y las deudas las heredaban a sus hijos)”. Si bien es cierto que actualmente las deudas no son “hereditarias”, tampoco se puede olvidar que los derechos y las garantías constitucionales parecen cada vez más susceptibles de perderse a favor de los intereses mercantiles.
A más de 100 años del inicio de la primera Revolución del siglo XX, misma que culminó con la promulgación de una de las constituciones más progresistas del mundo, los derechos establecidos en ella parecen borrarse de a poco. La Constitución de 1917 otorgaba derechos sociales, garantizaba una educación pública, laica y gratuita e implementaba la seguridad social; de igual forma, avanzaba en una reforma agraria capaz de solventar los conflictos del campo nacional; hoy, sin embargo, nuestro país parece vivir un retroceso en lo que se refiere a los derechos sociales de los ciudadanos.
El pacto social alcanzado en la Revolución se ha ido desmantelando de manera constante y sostenida desde hace 20 años. Esta situación es concomitante con la disminución del poder adquisitivo real de los salarios, fenómeno sostenido desde la década de 1980 que parece responder a la implementación de políticas de corte neoliberal, las cuales privilegian a los poderes fácticos por encima de los poderes formales.
Cuando se privilegian las demandas de los poderes fácticos sobre la Constitución, éstos influyen en las decisiones de los gobiernos, que privilegian el capital encima de los derechos y garantías ciudadanas.
En el momento en que Estado y gobierno se convierten en clientes de intereses particulares se vive un proceso de pérdida de legitimidad. La regularización del crimen organizado es una muestra más del desmantelamiento del pacto social y la sumisión del Estado a los poderes fácticos. La soberanía nacional requiere de educación, de servicios básicos (agua, energía, electricidad, carreteras), como de la patrimonialidad de los recursos naturales, entre ellos el territorio. El sistemático descuido de estos elementos y la imposibilidad de asegurarlos plenamente, generan un ambiente propicio para el surgimiento de actores dispuestos a sustituir las funciones del Estado. Esto último tiende a sentar las bases de un clima de inseguridad y violencia.
El desmesurado poder que el narcotráfico ha obtenido recientemente puede interpretarse como una expresión más de la caducidad del pacto social de 1917 y del Estado que de él surgió. Cuando el crimen organizado lucha por la superficie territorial de campos de amapola, mariguana y coca, por el control de rutas para la distribución de drogas y por el control de las plazas y los mercados, pone en riesgo el monopolio del uso de la fuerza, condición indispensable para la consolidación de cualquier Estado.
Así, la necesidad del narcotráfico por el control territorial deriva en una crisis de seguridad, misma que explica el surgimiento de los grupos de autodefensa como respuesta a la ineficiencia del Estado en la resolución de conflictos. Sin embargo, estas organizaciones siempre corren el riesgo de ser cooptadas por el narco, y conducir a un proceso paramilitar por los grandes intereses económicos.
El control territorial, de tributación y de recaudación de bienes materiales mediante la extorsión, el secuestro, los asesinatos a los pobladores de las comunidades, refuerza la idea de que el actor de mayor calibre siempre tendrá los mayores argumentos. Este proceso germinal confuso y caótico debe dar pie al debate de cuál es el marco político y jurídico de los grupos de autodefensa en nuestro país, y por tanto del papel del Estado.
