Por Cristina Sada Salinas / Fuente: El Quinto Poder
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Entonces Jesús llama a un niñito, lo coloca en medio de los discípulos, y dice: ‘Les aseguro que si no cambian y vuelven a ser como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. El que se hace pequeño como este niño, ése es el más grande en el reino de los cielos, y el que recibe en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe. Si alguno hace tropezar y caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarrasen al cuello una gran piedra de moler y que lo hundiesen en lo más profundo del océano. (Mt. 18, 2-6)
(20 de enero, 2014).- La comparecencia de representantes del Vaticano ante el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, realizada hace unos días en Ginebra, es histórica. Si bien no es la primera vez que las autoridades del papado se presentan ante esta instancia, la única ocasión anterior en que lo hicieron consistió en un acto protocolario, cuando el Estado Vaticano firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se instituyó para defender y hacer respetar los derechos de los niños a nivel mundial.
En mi opinión, en 1989 el Vaticano no calculó a lo que se exponía al firmar esa Convención.
Lo que acaba de acontecer es que el Comité, formado por dieciocho expertos internacionales que acudieron desde Egipto, Arabia Saudita, Ghana, Etiopía, España, Italia, Brasil, Ecuador, Sri Lanka, Mónaco, Eslovaquia, Hungría, Austria, Malasia, Noruega, Túnez y Bahréin, cuestionó pública y duramente a los representantes de la Iglesia Católica romana con respecto a los miles de expedientes que diferentes organizaciones civiles de decenas de países les hicieron llegar (sólo de Estados Unidos se reportaron 15 mil casos legalmente documentados, y desde México 169 organizaciones enviaron más de 200 expedientes).
Los enviados del Vaticano, en voz de Silvano Tomasi y Monseñor Charles Scicluna, contestaron a los expertos de la ONU, en presencia de representantes de Organizaciones No Gubernamentales defensoras de víctimas y periodistas, con un discurso impecable en lo legal, pero escurridizo y muy “diplomático”. No hubo en sus respuestas asomo de honestidad, arrepentimiento o transparencia cristiana, y sí una “ambigüedad perversa”, según opinó ante Carmen Aristegui el ex sacerdote Alberto Athié, un destacado investigador de la carrera delincuencial de Marcial Maciel y defensor de sus víctimas.
No hay que olvidar que Scicluna fue el encargado de investigar –con lentitud y casi en secreto–, los escándalos de pederastia de Maciel en México, y quien ha opinado que si un sacerdote tiene relaciones sexuales con un menor de edad que tenga 16 años o más, no puede hablarse de abuso o pedofilia, sino simplemente de “efebofilia”, lo cual, a su parecer, no es delito. Es un hecho conocido que la lentitud de las investigaciones que hizo Scicluna desembocó en que Maciel sólo fuera condenado, poco tiempo antes de morir, al “severo castigo” de retirarse a su finca de lujo en Cotija, Michoacán, para hacer oración y penitencia (hay evidencias de que ni esto respetó, sino que viajaba con un séquito de sus incondicionales, su esposa e hija por diferentes spas del mundo), y de hecho, jamás se emitió por parte del Vaticano condena explícita sobre el hecho de que la penitencia fuera por sus miles de crímenes contra los niños, sino hasta después de que él falleciera.
El contraste entre las tres personalidades que muestra la Iglesia de Roma es esquizofrénico. Por un lado, el Vaticano es un Estado independiente, (prebenda otorgada por el dictador Benito Mussolini al Papa Pío XI); por otro lado, es una Iglesia con un papado cuya autoridad es para los creyentes infalible, y abarca el total de la población católica a nivel mundial, y por último, en el caso que nos ocupa, parte de los argumentos con los que pretendieron defenderse los representantes de Roma de los crímenes cometidos por sus sacerdotes y jerarcas, se basa en la argumentación de que cada iglesia o parroquia debe de responder por los delitos de pederastia ante los gobiernos de los países donde se encuentran, no ante Roma ni ante la ONU; lo cual parece contradecir incluso la postura del actual Papa Francisco, quien en el terreno de las declaraciones, más no de los hechos (aún), ha asumido una postura clara ante este grave problema al decir: “Pero, ¿nos avergonzamos? Tantos escándalos que yo no quiero mencionar singularmente, pero que todos sabemos cuáles…Escándalos, en los que algunos han tenido que pagar caro: ¡Y eso está bien! Se debe hacer así… ¡La vergüenza de la Iglesia!…Pero, ¿nos hemos avergonzado de estos escándalos, de estas derrotas de sacerdotes, obispos, laicos?… Los responsables no tenían una relación con Dios. Tenían un posición en la Iglesia, una posición de poder, y también de comodidad, pero no la palabra de Dios”. ¿Será que los enviados del Papa no escucharon sus palabras?
Es histórica esta comparecencia pues por primera vez un Estado y una Iglesia que se sentía con el derecho de cuestionar y enjuiciar a todos y a todo, es ella misma cuestionada (como bien explicó José Barba en entrevista del pasado jueves en CNN en Español) por acusaciones tan graves que podrían constituir el peor de los crímenes, crímenes de lesa humanidad, y en este caso, contra los niños, por un Estado legalmente constituido.
En este tenor es que los representantes de las víctimas y los especialistas asistentes están solicitando que se declare el fenómeno de la pederastia clerical a nivel mundial como un crimen de Estado, y no como una serie de delitos aislados, pues ante todas las evidencias que saltan a la vista, el Estado Vaticano constantemente ha encubierto a los culpables, obstaculizado la justicia, y aparentemente dado claras instrucciones a sus cardenales y obispos para que, al igual que el mismo Vaticano, (como cuando los ex sacerdotes legionarios le enviaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe las primeras acusaciones públicas), ignore los derechos de las y los niños y adolescentes, y se proteja a los criminales, permitiéndoles quedar no sólo lejos del yugo de la justicia, sino además libres para seguir perpetrando sus fechorías ahí, en la siguiente parroquia, donde sus delitos no sean conocidos.
Un ejemplo atroz de esta realidad lo tenemos en el hecho de que mientras en países como Estados Unidos algunas de las víctimas han logrado auténticas victorias legales con importantes compensaciones monetarias, en contraste, en México no ha habido una sola batalla ganada a favor de las miles de víctimas de estos crímenes. En nuestro país, Norberto Rivera Carrera es la cara más oscura de la complicidad, lo cual queda demostrado con sólo uno de los casos más sonados en que estuvo involucrado al brindar protección (en abierto contubernio con el cardenal Roger Mahony) a su primo, el famoso padre “Nico” (Nicolás Aguilar-Rivera), salvándolo de la prisión brindándole seguro escondite en parroquias de México y Estados Unidos, a pesar de que contra él hay acusaciones por más de 200 casos de abuso contra niños. México, como siempre, campeón de la opacidad y la impunidad. ¿Nos avergonzamos?
Si algo descubrieron los miembros de las ONGs que por primera vez se reunieron en este recinto, fue que a nivel mundial es sistemático el tratamiento de los abusos sexuales contra los niños de parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, consistente en:
1) Desprecio hacia las víctimas
2) Protección de los criminales
3) La raíz de esta protección viene desde la Santa Sede, del Estado Vaticano, presidido por el Papa
En la entrevista con Aristegui ya mencionada, José Barba expresa que las respuestas que dio Tomasi fueron lamentables, como si se tratara de un asunto del pasado y no de una práctica continua de encubrimiento que la Iglesia ha diseñado e implementado.
Es clara, pues, la esquizofrenia entre el discurso del actual Papa Francisco y sus enviados encabezados por Tomasi, pues ante la vergüenza que deben causarnos los escándalos, Tomasi y Scicluna se lavaron las manos como Poncio Pilatos, y contestaron con evasivas, en el mejor de los casos, cuando no con argumentos auto exculpatorios, como puede verse en una nota del diario español El País, titulada “El Vaticano esquiva las preguntas de la ONU sobre abusos a niños”.
Por si quedara duda de esta actitud contradictoria, diversos medios de comunicación registraron que, totalmente en sentido opuesto a las declaraciones papales, el padre Federico Lombardi, portavoz del Papa Francisco, en declaraciones a Radio Vaticano quiso evadir la solicitud de las organizaciones de víctimas y los especialistas para que el tema sea tratado por la ONU como un crimen de lesa humanidad, argumentando que si bien la Santa Sede es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, “la Iglesia Católica, en tanto que comunidad de fieles católicos dispersos por el mundo, no es parte de ésta de ninguna manera, y sus miembros están sujetos a las legislaciones de los Estados en los que viven y trabajan… Los abusos sexuales en Irlanda, o los cometidos en el seno del movimiento de los Legionarios de Cristo, han sido casos en los que los países donde se han producido son competentes jurídicamente…el derecho canónico propio de la Iglesia católica es muy diferente de las leyes civiles de los Estados… La Santa Sede, por lo tanto, y en virtud de la Convención, no está obligada a responder a las demandas de información relativas a investigaciones efectuadas con base en el derecho canónico”.
Me pregunto: si un país como México –que tiene su Constitución, así como el Vaticano tiene su derecho canónico–, está obligado a obedecer los mandatos emanados de las convenciones y tratados internacionales sin excepción, ¿por qué el Vaticano es tratado de manera diferente? ¿Es supra territorial el derecho canónico?, ¿está por encima de las leyes internacionales?
Más allá de las respuestas que los expertos en derecho puedan dar a estas preguntas, nos queda claro que con estos argumentos legales (o legaloides), los máximos jerarcas de la Iglesia Católica no sólo dejan políticamente mal parado al Sumo Pontífice, sino que niegan la posibilidad de que el Estado vaticano enfrente su responsabilidad jurídica, histórica, moral y espiritual, y asuma el problema en su justa dimensión, como un auténtico crimen de Estado, para que de ese modo la institución terrenal purgue uno de sus mayores males, enfrente a la justicia humana y salga purificada y fortalecida con mayor autoridad moral, para ejercer el papel que parece haber olvidado: la guía de los creyentes para la Salvación en Cristo.
Sería una verdadera tragedia para el mundo entero, y no sólo para los católicos honestos y de buena fe, que el Vaticano una vez más, como lo ha venido haciendo durante décadas, evada su responsabilidad y siga enarbolando ese triple discurso que por un lado muestra comprensión y arrepentimiento, pero por otro se atiene a argumentos jurídicos para, en los hechos, dejar a esos miles de niños y niñas que han sido violentados por hombres que usan su rango de “pastores de almas” como vehículo para sus delitos, sin la oportunidad de recibir justicia y una compensación aunque sea parcial por el efecto irreparable de lo que implica siempre el abuso sexual.
Un ser humano que ha sido dañado durante su infancia por un crimen de esta naturaleza queda marcado psicológicamente por el resto de su vida. La herida daña directamente la delicada inocencia y confianza infantiles, que jamás podrán ser reparadas, con lo que las posibilidades de tener una existencia sana y plena quedan reducidas al mínimo.
Mientras veía el reportaje de Carmen Aristegui, no podía menos que observar la cara de una de las víctimas –hoy joven dirigente de una ONG–; ese rostro mostraba suma consternación y una leve esperanza: por fin la institución que por tanto tiempo se negó a escuchar, ahora estaba ahí, en el banquillo, obligada a responder públicamente ante las víctimas, esos niños y niñas que por décadas habían sido difamados, burlados, ignorados y descalificados. Más allá del crimen en sí, el tratamiento de las iglesias locales y aun del mismo Vaticano repetía y perpetuaba el abuso desde el poder, bajo el disfraz de la supuesta superioridad moral y la obvia superioridad económica, además de la clara protección de la ley, más no de la justicia.
Quienes me han seguido por algún tiempo en mis publicaciones en redes sociales, no deben sorprenderse por mi postura a favor de los derechos humanos, y en este caso, en contra de la pederastia clerical, al tiempo que defiendo el derecho de todos y cada uno de nosotros de profesar cualquier creencia o ideología. De hecho, le doy el mayor de los valores a la fe y a que ella se manifieste en cualquier forma que ayude a construir un mundo de fraternidad, justicia, transparencia y amor. Mi crítica es hacia el abuso del fuerte contra el débil, y en este caso de la iglesia jerárquica contra las víctimas. Si Jesucristo, quien durante toda su vida pública siempre estuvo al lado del caído y del débil, fue capaz de expulsar a latigazos a los mercaderes del Templo, ¿acaso no sería capaz de expulsar de la Iglesia a quienes con violencia arrebatan la inocencia de los niños y niñas?
Es tiempo de que los jerarcas del Vaticano lean de nuevo el Evangelio, y, como dice el papa Francisco, se avergüencen, mas no lo podrán hacer si ni siquiera comienzan por admitir pública y llanamente sus terribles delitos; los gravísimos delitos de Estado de la Iglesia institucional.
