Por Donovan Hernández
(22 de enero, 2014).- I. Tres fenómenos definen el vigente estilo de gobierno: la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados y la precarización permanente del trabajo. Como claramente indica Boaventura de Sousa Santos en Reinventar la democracia, reinventar el Estado,[i] esta aparente debilitación estatal va de la mano de un incremento de fuerza en otros ámbitos: la criminalización de la pobreza, el recrudecimiento selectivo de las pesquisas judiciales, el secuestro policiaco de los espacios públicos. La falsa administración de la justicia, en suma.
Sólo el Estado puede producir su retirada de la economía; a condición de tener una fuerza punitiva capaz de producir eficientemente las neoliberales condiciones de la desregulación y encarar las crisis de gobernabilidad que le suceden.
En este marco, ¿qué ocurre con la democracia, sus formalidades y su cultura?
El viejo metarrelato del contrato social se volvió una ficción sin capacidad vinculante; en su lugar, las oligarquías de toda índole eslabonan pactos de gobernabilidad. Si el contractualismo siempre omitía la conflictualidad de la lucha política, los falsos contratos de hoy dan la apariencia de un compromiso que, de hecho, está basado en condiciones impuestas sin discusión a la parte más débil. Esta exclusión deliberativa toma dos formas: post-contractualismo (cuando los intereses sociales anteriormente asumidos por el Estado quedan fuera de su actuación sin perspectivas de reintegrarlas) y pre-contractualismo (cuando se impide el acceso a la ciudadanía a grupos sociales que otrora fueran candidatos a ella). Las dos pueden ser perfectamente contemporáneas, como de hecho ocurre en México. Así la línea de la gubernamentalidad de partidos trazada por los pactos sociales y otros compromisos adquiridos, es incapaz de cumplir sus contratos-promesa toda vez que nunca llegaron a confirmarse.
¿Qué ocurre entonces con la voluntad popular?
II. Es evidente que el “protocolo de control de multitudes” implementado por el GDF es coherente con la constelación epocal mencionada. Conforma un sólido entramado restrictivo para con los derechos de libre asociación, uso del espacio público y manifestación (que presumiblemente será fiscalizada). Esto constituye una severa amenaza para la soberanía popular. La administración de Miguel Ángel Mancera, con su política de escudo securitario, implementa un dispositivo que regula, administra y normativiza el derecho a la ciudad sin apego a los valores de la República. Esto genera un severo perjuicio no sólo a la cultura ciudadana, sino a las condiciones mismas del ejercicio de la política. Sin discusión de ningún tipo, se ha decidido que la paz pública depende de un marco policiaco que acosa todo ejercicio legítimo de protesta que muestre inconformidad por el rumbo de las reformas despóticas del régimen. El encapsulamiento tiene permiso en nuestra ciudad.
Desde su surgimiento, la idea de que la soberanía reside en el pueblo trastocó radicalmente el ejercicio del poder; iluminando las condiciones de la política. Un comienzo probable de esta idea se encuentra a lo largo del siglo XVII, en la disputa de la Cámara Baja del Parlamento inglés contra el rey: allí se debatía la solidez de las narrativas que hacían depender el poder de mando del derecho divino que asistía a los monarcas, y se sostenía que la legitimidad del gobierno de los hombres residía en los propios hombres. Con el republicanismo radical de la Revolución Francesa, ésta idea le daría su figura a los procesos de Independencia en nuestro continente: América Latina nació hablando la lengua republicana. Sin embargo, los relatos normativistas han ocultado un hecho indiscutible: la soberanía popular depende del derecho de reunión. La posibilidad de decir “nosotros, el pueblo” requiere irremediablemente del uso del espacio, de las ciudades, las calles, la reunión y el debate, de las asambleas ciudadanas y del ejercicio de la ciudadanía como acto libre.
Sin esto, no hay política. Habrá dominio policiaco, pero no política.
III. La cultura ciudadana al uso sostiene que el pueblo tiene la libertad para decidir su forma de gobierno, para elegir a sus representantes por votación popular y promulgar, a través de ellos, sus intereses y demandas. Pero si la soberanía popular legitima las formas representativas de poder, ella guarda para sí el poder de deslegitimarlas. Se podría apelar, como defiende Judith Butler,[ii] a un principio de revolución permanente al interior del orden democrático. Así ese “nosotros” que se reúne en la calle, y que mediante palabra y acción toma por sorpresa lo público, es un acto de autoconstitución del “pueblo” distinto de toda forma representativa. Por este acto de autodesginación los grupos en lucha declaran ser “el pueblo”. La soberanía popular es una forma reflexiva que, en tanto enunciación, hace emerger la pluralidad social que ella nombra. Este “nosotros, el pueblo” es una forma de autogénesis lingüística y es el acto más relevante de la política. Serialidad temporal y coordinación, proximidad de los cuerpos, registro de voz, sincronización vocal: estas dimensiones esenciales de toda manifestación son los elementos que, dada la ocasión propicia, fabrican la unidad y sientan las bases del debate acerca de la propia naturaleza del pueblo. Pues “nosotros, el pueblo” es una aserción performativa anterior a toda reivindicación hecha en nombre del pueblo. Así, la constitución de un cuerpo plural a plena luz, contra las tentativas de la policía y los poderes económicos de relegarla a la sombra, conforma un acto donde la voluntad popular es encarnada, vivificada, presentada. Esto es lo específico de la política: el hecho de que una parte de la sociedad, haciendo uso de la ciudad, logre constituirse en una metonimia que condensa las preocupaciones, demandas y problemáticas del resto, logra esa singular sintonía de lo universal con lo particular. Eso sienta las condiciones de un proceso capaz de hacerse de la hegemonía y, eventualmente, de introducir transformaciones revolucionarias en la sociedad. Pues, como escribe la teórica norteamericana: “La reunión es a la vez la condición de todo reclamo en común y un derecho específico para que la asamblea instale su demanda. Esta circularidad es menos una contradicción que la condición fundante de una pluralidad política, de un pueblo.” (74) De este modo, las experiencias políticas globales de 2011 nos muestran la necesidad de incrementar los espacios del marco democrático y sus narrativas vinculantes; a la vez que nos hacen patente la necesidad de resistir a la regresión de la que la vida pública es víctima en nuestro país. ¿Qué innovación seremos capaces de introducir en la política actual.
