Carlos Portillo / @portillo_carlos
(28 de enero, 2014).- Casi un año después de que surgieran los grupos de autodefensa en diversas localidades de Michoacán, y ahora con el reciente nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado federal en dicha entidad; finalmente se llegó al acuerdo de legalizar la actividad de estos grupos civiles, accediendo a sumarse a las defensas rurales o policías municipales, en busca de concluir su asimilación institucional.
Castillo, acompañado de Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal (PF), y del gobernador priista Fausto Vallejo, se comprometió a brindar herramientas para el traslado y comunicación de los grupos.
El pacto también tiene previsto que los civiles armados dejen de avanzar hacia otros municipios de Michoacán, así como entregar una lista con el nombre de todos los integrantes y registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
No obstante, algunos planteamientos, como el anterior, fueron rechazados por los 30 coordinadores de las autodefensas, afirmando que la lucha seguirá.
“Se tomará Apatzingán y el resto de los municipios en coordinación con las fuerzas armadas; ingresaremos a las defensas rurales, pero jamás entregaremos las armas”, declararon.
Otro de los acuerdos consiste en realizar una auditoría del uso de los recursos públicos en los municipios inmersos en el conflicto. Asimismo, se pactó la rotación de los agentes del Ministerio Público Federal y local.
De igual forma, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, se comprometió a mantener comunicación constante con las zonas afectadas y ofrecer apoyo según sus capacidades y jurisdicción.
Un factor importante que quedó registrado en el documento, es que los individuos que fueron detenidos por portar armas de fuego, ahora se encuentran en libertad provisional bajo caución.
Se aclaró también, que “se aplicará todo el peso de la ley” en contra de los servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa en la situación de impunidad relacionada con el crimen organizado.
Los coordinadores de las autodefensas, por su parte, propusieron que los familiares de las víctimas de los grupos delictivos recibieran indemnizaciones, a lo que el comisionado respondió que eso sería observado en el marco de la Ley de Víctimas.
Hipólito Mora, líder del grupo de autodefensa de La Ruana, comentó que en cualquier momento se dará avance hacia Apatzingán, pues sigue siendo un refugio de delincuentes y resulta necesario tomar su control. También recalcó que por ahora no dejarán las armas, aunque acceden a portarlas de forma más discreta.
“Al gobierno no le quedó más que legalizarnos”, mencionó, para después recordar que “desde el 24 de febrero del año pasado (2013), yo tenía esa ilusión: que el gobierno nos tomara en cuenta. Inclusive le hicimos la lucha de entrar de policías municipales; fuimos al ayuntamiento de Buenavista pero no nos dieron la oportunidad”.
El líder opinó que al gobierno le ha pasado lo mismo que a ellos, como ciudadanos; verse en la necesidad de levantar las armas y pelear por liberarse.
Acerca de la detención de Dionisio Loya Plancarte, alías “El Tío”, Hipólito indicó que aún falta detener a muchos otros dirigentes de los Caballeros Templarios. “Estoy seguro que van a seguir deteniendo a los demás”, afirmó.
“Ellos (los Caballeros Templarios) saben que su final está cerca”, expuso, con respecto al hecho de que no se realizara ningún disparo para la detención de Loya Plancarte, pues estaba escondido en un clóset. Asimismo, hizo hincapié en la participación de las autodefensas para este logro, al proporcionar información a las autoridades.
Mora, entrevistado en Tepalcatepec, explicó que “estamos dándole un voto de confianza al Gobierno al armar este acuerdo y esperemos que nos cumpla, mientras tanto no dejaremos las armas”.
