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Atraco e intimidación contra coordinadora de organización de búsqueda de desaparecidos

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Sufre atraco de automóvil e intimidación la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. Exige el pronto esclarecimiento de los hechos y no descarta un móvil político.

Foto: NoticiasNet

(01 de febrero, 2014).- Nadín Reyes Maldonado, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, denunció el robo de un auto Bora Sport, negro, con placas de circulación 630 WHJ, y de otras pertenencias que le fueron arrebatadas en el municipio de Nezahualcóyotl la noche del martes 21 de enero; delito en el que no descartó móviles políticos.

“Los hechos ocurrieron en el municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, encontramos cerca del lugar a una patrulla, pero los patrulleros dijeron que no podían hacer nada porque el delito se había cometido en el Estado de México. Sólo a base de insistir nos condujeron finalmente a la Agencia del Ministerio Público número 44 de la delegación Iztapalapa.

Ahí, el oficial, secretario de turno, Juan Carlos Vázquez Bahena, se negó a recibir nuestra denuncia. Argumentó que el delito se había cometido en Neza, sin tomar en cuenta que los delincuentes culminaron su atraco en territorio del Distrito Federal y que durante el asalto también fue usado un taxi de esta demarcación”.

Estos hechos se dan en el contexto de la denuncia que el Comité “Hasta Encontrarlos” hizo en días pasados por la desaparición forzada del joven indígena tzotzil Ramiro Rodríguez Sántiz en Chiapas a manos del grupo paramilitar “Los petules”, y de las acciones jurídicas que se están realizando en este momento para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Quienes conforman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” no descartan que estos hechos tengan relación y sean parte de un refinado hostigamiento e intimidación que el gobierno ha desatado en contra de los miembros del Comité y de quienes se han solidarizado con las tareas de defensa de los derechos humanos que realizan. Por ello, exigen una atención efectiva por parte de las autoridades y que se lleve a cabo una completa investigación para detener y castigar a los responsables de los delitos denunciados.

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