(07 de febrero del 2013).- A cinco meses de que llegaron los huracanes de Ingrid y Manuel a las costas de Guerrero, la ayuda económica para reparar los daños sigue suministrándose a cuentagotas entre los sectores más desfavorecidos de la población; buena parte de los estragos, además, recayeron sobre las familias más pobres y marginadas del estado.
Pese a todo, las calamidades aún no terminan de extenderse: una hambruna amenaza con azotar al menos 19 de los 56 municipios más marginados del país, ubicados en la región de La Montaña, con fuerte presencia indígena y pobreza a raudales.
“Una de las regiones más afectadas fue la región de La Montaña, una de las regiones con los índices más altos de marginación de todo el país. Las tormentas no sólo causaron daños que requieren atención urgente, sino también han puesto a la región al borde de una crisis alimentaria”, denunciaron integrantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
De acuerdo con un saldo de los daños, realizado por dicha organización, la situación de más urgencia se concentra entre los municipios de Filo de Acatepec, El Tejocote, La Lucerna, Moyotepec, El Tepeyac y San Miguel Amoltepec.
En estos lugares se han tenido que improvisar campamentos a las orillas de las carreteras ante la pérdida de sus viviendas, siembras, caminos e infraestructura de servicios elementales como atención médica, luz, agua y drenaje.
Esto, sin contar el saldo humano de 40 fallecimientos, que, de acuerdo a la cifra de los decesos a nivel nacional a causa del mismo fenómeno, representarían casi una tercera parte del total nacional y prácticamente la mitad del número de defunciones en el estado.
“Sin embargo, a pesar de que estamos en un grave riesgo de hambruna, sólo hemos recibido el abandono y desprecio de las autoridades, quienes han mostrado no sólo su insensibilidad a nuestra problemática, sino también una gran incapacidad para enfrentar la real amenaza de una crisis alimentaria que enfrentamos”, afirmaron en un comunicado conjunto, dado a conocer por el Consejo de Comunidades Afectadas en la Región de La Montaña.
Cabe decir que bajo estas condiciones se encuentran miles de familias.
Migajas de la Sedesol
De acuerdo con información dada a conocer el 6 de febrero pasado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en voz de su titular federal, Rosario Robles Berlanga, se han destinado a esa zona en específico: más de 700 toneladas de maíz para más de 25 mil familias; y operan 222 comedores comunitarios que distribuyen todos los días 30 mil raciones de desayunos y 30 mil de comidas.
Sin embargo, las “ayudas”, entre las que se incluye el programa de Comedores Populares, han hecho caso omiso a las demandas específicas de la población, quienes no sólo piden la asistencia federal, “como migajas”, sino también la participación en la reconstrucción de los medios de vida destruidos por la tromba.
‒¿Cuáles son las demandas de las comunidades indígenas afectadas? ¿Cómo ha sido la respuesta de la Sedesol ante esta tragedia? –cuestionó Revolución Trespuntocero a Román Hernández Rivas, integrante de Tlachinollan.
‒Básicamente ha sido una postura paternalista y clientelar. Se ha tratado de instalar algunos comedores y algunas ayudas, el problema es que con éstas es difícil que se reparen la pérdida de las cosechas. Hemos trabado una relación con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), quienes nos han brindado ayuda con el abasto de maíz. Pero a un mes de que entregamos una propuesta, diseñada por las propias comunidades y con base al cálculo de sus necesidades, la Sedesol se ha mantenido omisa. El gobierno federal ha llegado al extremo de mandar al ejército para que les enseñe a hacer tortillas a las mujeres campesinas. De ese tamaño es la falta de claridad para la atención del problema.
–¿Qué otros factores han intervenido?
‒Los huracanes agudizan una situación que ya se venía viviendo, de por sí, en la región de La Montaña; ésta se caracteriza por ser una de las regiones más pobres de México, entonces en un análisis corto se podría pensar que la crisis responde sólo al fenómeno natural. No obstante, el hambre es un acumulado de circunstancias, entre ellas, las políticas privatizadoras del campo mexicano que han impedido el desarrollo de una vida digna –respondió Hernández Rivas.
“También hay una forma de gobernar que se basa en el desprecio hacia los pueblos indígenas, la explotación de la fuerza de trabajo y la explotación de los recursos naturales. Toda esta crisis se ha agudizado en los últimos 20 años”, prosiguió.
Por tal motivo, Tlachinollan, junto a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, ha emprendido una acción donde pide a la población firmar una carta dirigida a la Sedesol, para que busque romper con los patrones de políticas asistencialistas, y se implementen medidas extraordinarias de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la sociedad en general. Así, al garantizar suficiente alimento, se permitirá dar paso a la reconstrucción de sus comunidades activamente, y con mecanismos de participación adecuados.
La carta mencionada puede ser consultada en la siguiente página:
