(1 de abril, 2014).- Hace un año y 5 meses que sucedieron los hechos represivos del 1 de Diciembre de 2012, que detonarían la cerrazón de filas frente a la libertad de expresión. Ese día se inició una cacería, que no ha cesado y que por el contrario va en aumento hacia la garantía de los derechos de libre manifestación y expresión de ideas de quienes rechazan el tercer fraude en las elecciones a la presidencia del país.
Los presos políticos del 1ero de diciembre, así como de fechas posteriores, han sido tomados como rehenes del Estado, con la complicidad de los partidos políticos y de instancias de gobierno que dejando de lado su calidad de independientes y garantes de derechos, han mostrado un amplio margen en su actuación, bajo consigna, buscando chantajear a personas y organizaciones civiles que manifiestan su repudio a la imposición y a las reformas estructurales.
En conferencia de prensa, abogados de la liga de defensa, la coordinadora del 1DMX y Protestar es un derecho, reprimir es un delito; dieron a conocer que a nueve días antes de cumplirse un año de la emisión de la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que inicialmente el gobierno aceptó, nunca lo cumplió, ni desistió de los juicios comprobados ilegales y violatorios al debido proceso, por el contrario, ha ido perfeccionando las formas de criminalización de la protesta.
Creó un protocolo de seguridad, dijeron, para el control de las multitudes, lo cual revivió el ataque en pandilla, improvisó a cientos de policías, que no reciben inducción alguna en la obligatoriedad de seguir protocolos que respeten los derechos humanos, y dejó también en la impunidad a mandos que coordinan los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que usan a las fuerzas policiales reprimiendo manifestaciones mediante un desmedido y excesivo uso de la fuerza, realizando detenciones arbitrarias y derivando en declaraciones “absurdas, incoherentes y falsas” por parte de dichos elementos en contra de los que resultan detenidos por ejercer su legítimo derecho a la protesta.
De acuerdo con los activistas, la situación en vez de mejorar, va empeorando, simplemente en el 2013 el Gobierno del Distrito Federal (GDF) realizó más de 400 detenciones arbitrarias, y ahora además de reprimir a ciudadanos y activistas, el blanco de las agresiones son los periodistas, bajo el “argumento” de que grabar es ilegal, por lo que se les agrede, buscando silenciar testimonios y evidencias de la política represiva instalada en la ciudad.
“Vivimos en el pavor reducido a la cotidianeidad de una guerra que ha dejado más de 100 mil asesinados, 150 mil desplazados y más de 20 mil desapariciones forzadas, además de que el sistema de procuración de justicia presenta una tasa de impunidad del 98 por ciento”, suscribe el informe presentado.
Se ha demostrado que esta política de amordazamiento feroz y castigo al activismo, en redes, proviene de las propias instancias de gobierno, que buscan con la llamada Ley Televisa 2 controlar la información, cerrando paso a la inconformidad y divulgación de información con efectos virales, destacaron.
Prueba del deficiente sistema que hoy tenemos es que el GDF anunció en enero pasado el aumento a 20 mil el número de cámaras de vigilancia, mismas que no sirvieron para descargo de imputaciones falsas el 1DMX, pero que dejaron de funcionar el 10 de junio en detenciones ilegales o entraron en pausa en el desalojo al plantón de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE.
Finalmente exigieron no sólo al gobierno del Distrito Federal sino también al Gobierno Federal a asumir su papel y compromiso en materia de derechos humanos y que acepten las recomendaciones tanto locales como las emitidas por instancias internacionales.
