(2 de abril, 2014).- La Cámara de Diputados deberá volver a votar este año una ley que beneficia a enfermos con discapacidad visual… ¡que ya había sido aprobada hace cuatro años!
El 28 de octubre de 2010, la entonces diputada federal Margarita Liborio presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y obligar a los fabricantes de medicamentos a incluir en sus empaques el lenguaje braile en marcas de relieve para señalar marca, denominación genérica y fecha de caducidad.
La razón, explicó la legisladora priista en su documento de hace casi un lustro, era impedir que quienes no pueden ver tengan que confiar en la buena voluntad de los dependientes de farmacias, lo que los pone en una situación de desventaja y discriminación.
Días después, el 8 de diciembre de ese año, la propuesta fue votada en el Pleno de San Lázaro y obtuvo la aprobación de la mayoría de los legisladores para darle turno a la Cámara de Senadores… pero sigue estancada ahí.
Para sacar la iniciativa de la “congeladora”, este 20 de marzo pasado, la actual diputada María del Rocío Corona (PRI) volvió a presentar una iniciativa en el que remota el documento aprobado.
“El texto (aprobado hace cuatro años) es vigente y representa el espíritu y objeto de la presente iniciativa.
“La realidad nos muestra que este importante esfuerzo no se ha llevado a cabo y se dejó en el olvido, representando una forma de discriminación en un asunto de relevancia para quienes sufren de discapacidad visual.
“Estamos exponiendo a estas personas a una medicación incorrecta y peligrosa, un mal manejo y almacenamiento de sus medicamentos. Les limitamos su capacidad de cuidar su salud sin depender necesariamente de alguien más. Por ello, creo necesario insistir en el tema”, asentó en su proyecto de ley.
De prosperar, por segunda ocasión la propuesta, se adicionaría un párrafo al artículo 225 de la Ley General de Salud para incluir la leyenda: “El envasado y/o empaque para su comercialización y venta al público deberá incluir la denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica y la fecha de caducidad en lenguaje braille mediante marcas en relieve”.
Actualmente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 5 millones de mexicanos con alguna discapacidad, lo que equivale a cerca del 5 por ciento total de la población.
De ese total, 27 por ciento cuenta con una debilidad visual, que va desde la ceguera total hasta parcial; de cada 100 personas discapacitadas en el país, 32 la han desarrollado por enfermedad, 23 por edad avanzada, 19 al nacer, 18 como consecuencia de un accidente y 8 por diversas causas no especificadas.
En el caso de quienes presentan una discapacidad visual, 18 por ciento es menor de 30 años; 35 por ciento tiene entre 31 y 60 años; 47 por ciento es mayor de 60 años.
“Con lo anterior se puede apreciar que nos estamos refiriendo a las personas con la segunda discapacidad más importante en número de casos y de factores de incidencia. Debido a que la pérdida de la vista es cada vez más consecuencia del deterioro de la salud en el individuo y apunta en un futuro cercano a posicionarse como la primera o muy cerca de la primera discapacidad en los mexicanos.
“Como sociedad necesitamos pensar qué le estamos ofreciendo a este sector altamente vulnerable para la atención de su salud y cómo los estamos apoyando en el proceso de comprar, almacenar, identificar y utilizar la medicina que requieren. No estamos haciendo a la fecha, absolutamente nada”, dice el documento.
La iniciativa señala que 6 de cada 10 personas con discapacidad visual en México carece de acceso a servicios de salud, por lo que se automedican con químicos, cuyo contenido no pueden leer.
