(14 de abril, 2014).- La explotación del mercurio en Querétaro ha generado polémica en los últimos años debido a los altos niveles de contaminación que se genera al extraer el mineral, así como por la clandestinidad en la que operan cientos de minas en la región.
Para muchas familias de la Sierra Gorda queretana, el trabajo en las minas de mercurio es su única posibilidad de obtener un ingreso económico, sin importar si viene desde la ilegalidad. El mercurio representa alrededor del 30 por ciento de la actividad minera del estado, y se calcula que en él operan al menos 150 minas de manera informal.
Los mineros de los municipios de Pinal de Amoles, Cadereyta de Montes, San Joaquín y Peñamiller -que figuran entre los más pobres de la entidad- trabajan sin las medidas preventivas de salud y seguridad mínimas requeridas para ejercer esta actividad. Por sueldos que van de mil a dos mil pesos por semana (dependiendo de sus hallazgos del material), estos trabajadores saben que corren un riesgo, pero con tal de mantener a sus familias, consideran que vale la pena enfrentarlo, aun si eso significó en 2013 la muerte de, al menos, cinco trabajadores.
Este metal se puede encontrar en el percado a un costo que va entre los 800 y los cuatro mil pesos por kilo. En 2008 hubo un incremento de hasta 330 por ciento en el precio del mercurio, sin embargo, en los últimos meses se dio una baja de hasta 40 por ciento en la compra del mineral en el mercado.
El gobierno de Querétaro, en sus últimas administraciones, ha manejado distintas cifras sobre la cantidad de minas clandestinas que operan en el estado. De un año a otro las cifras pueden varíar por decenas.
La informalidad en esta actividad se da usualmente porque el minero tiene miedo a darse de alta en la Secretaría de Hacienda, en el Seguro Social, o teme que la autoridad le fije un impuesto al producto que extrae. A lo anterior se suman los peligros a la salud, pues en el proceso para obtener el metal se expulsan vapores altamente contaminantes.
La firma del Convenio de Minamata fijó el propósito a nivel mundial de eliminar por completo la extracción del mercurio, por sus efectos perjudiciales al medio ambiente.
El convenio lleva el nombre de una ciudad japonesa que suffrió daños devastadores durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX por la contaminación de mercurio que virtió una empresa petroquímica en las aguas locales.
Sin embargo, en México el esfuerzo por regular y acabar con la explotación de este metal va más lento, y a veces queda en mano de las secretarias locales del medio ambiente. De igual forma, la pobreza y la falta de empleos propician la supervivencia de las minas clandestinas, pues representan una fuente de empleo para quienes tienen menos.
