Joanna Rubio / Colaboradora
(10 de mayo, 2014).- La guerra contra el narcotráfico sigue cobrando víctimas y la estrategia del ya no tan flamante gobierno de Peña Nieto no ha hecho grandes avances en transformar el fallido experimento de Felipe Calderón. Recientemente, varios economistas de la London School of Economics, incluyendo al Premio Nobel de Economía 1972, Kenneth Arrow, el Profesor Sir Christopher Pissarides, premio Nobel de Economía 2010, entre otros diez premios de economía, publicaron un novedoso informe llamado Ending the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy (Terminar la guerra de drogas: Informe del Grupo de Expertos de la LSE sobre la Economía de las Políticas de Drogas) donde hacen un llamado a las naciones prohibicionistas para que hagan un esfuerzo por redirigir los recursos comúnmente utilizados en perpetuar una estrategia centrada en la persecución y el castigo de la línea de producción del narcotráfico. El documento permite hacer una serie de cuestionamientos que podrían enriquecer el debate público en México acerca de la legalización de ciertas sustancias psicotrópicas para fines recreativos.
El panorama político mexicano podría no ser el adecuado para la paulatina legalización de alguna droga como uso recreativo. Sin embargo, el debate sobre los derechos morales de los adultos a utilizarlas no debe irse directamente a la congeladora, aún cuando nuestros representantes eviten el tema o lo aborden con un discurso poco exhaustivo y lejano de la realidad social con tal de no perder votos ni poner en juego su papel como actores políticos orgánicos de X o Y partido.
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en el pasado Foro Internacional sobre las Drogas, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dejó en claro el lineamiento que el presidente Enrique Peña Nieto seguirá con respecto a la legalización de la drogas y la respuesta fue el gobierno apoya los debates, pero no será participe de la legaización ya que, afirmó, “no estamos convencidos de que sea la mejor ruta para disminuir los niveles de violencia y criminalidad que se dan en nuestro país”.
Estas declaraciones no están tomando en cuenta el marco jurídico resultante de una guerra declarada contra el narcotráfico que criminaliza al ciudadano que, sin pertenecer a la línea productora de estupefacientes, es perseguido por ejercer su derecho moral a utilizar drogas con fines recreativos. Este derecho podrá parecernos ridículo, pero recordemos que las propuestas para que se aprueben derechos nuevos o poco comunes, como los que una vez fue la lucha por el derecho al voto femenino, al principio siempre son poco populares y difíciles de digerir.
Este reconocimiento moral tiene sus bases en principios filosóficos y no de consenso. Este tipo de debate resultaría en una polarización en el país, tal como lo ha ocurrido con otros temas como el aborto o el matrimonio igualitario.
Sin embargo, pareciera ser que el principal problema de discusión en México no es sobre la manera óptima de tratar el problema de “las drogas”, sino que existe un nulo cuestionamiento a la criminalización sistemática. Entrecomillo “las drogas” porque se asume que constituyen un grupo homogéneo de elementos que necesariamente conlleva a consecuencias negativas. Son pocos los que cuestionan en los foros públicos la pertinencia no sólo de eliminar el estigma aparentemente ineludible que acompaña al consumo de cualquier sustancia, sino de considerarla una alternativa válida basada en la autonomía. Se puede estar en favor o en contra de dicha afirmación, pero el debate parece ser inválido en sí mismo.
Y es que el dilema subyace en que, al final, la prohibición de cualquier sustancia en un Estado liberal conlleva al uso de la fuerza pública y al ingreso de la usuaria o usuario al sistema penitenciario. Es en este sentido, la falta de debate al respecto de la libertad y autonomía adquiere una dimensión peligrosa: ¿cuál es el objetivo de procesar al consumidor? Si consideramos que el sistema punitivo tiene como objetivo supuesto la reinserción social de las personas, tendríamos que probar que la usuaria o usuario está haciendo un daño a la sociedad por el sólo hecho de consumir alguna sustancia. Aunado a lo anterior se tendría que probar que dicha persona necesita de un tratamiento de reinserción social a través de la lógica penitenciaria, suponiendo que ésta realmente cumpla su objetivo.
Ese es el trasfondo del célebre proyecto uruguayo: dejar de invertir recursos públicos en la persecución del consumidor de una droga blanda, la cannabis, y concentrar los esfuerzos en reducir los riesgos de su consumo. Esto significa que el Estado uruguayo ya no necesita invertir recursos en un aparato punitivo que persiga y procese, sino concentrar sus esfuerzos en la transformación y mejora de las condiciones de salud y bienestar de las personas. Existen críticas a este modelo, como la creación de un padrón de consumidores y su pertinencia en un sistema que busca desestigmatizar a los consumidores. Sin embargo es un enorme avance que el enfoque del debate haya sido el bienestar del usuario y el reconocimiento de que el sistema penitenciario no es el indicado para preservar la salud de las personas que consumen alguna sustancia.
