(5 de junio, 2014).- Un monumental despojo de 857 hectáreas valuadas en mil 200 millones de pesos, en Baja California Sur sigue sin resolverse en favor del afectado, debido a lo que él ha calificado como una impartición de justicia que sólo sirve para proteger a los culpables, debido a la exteriorizada red de corrupción y complicidad de las autoridades ministeriales y estatales.
Una investigación publicada por el semanario Zeta, da cuenta de cómo el empresario René Pinal fue engañado por un nombre llamado Antonio Sosa Valencia, quien resultó nada más y nada menos que el representante legal de Héctor Beltrán Leyva “El H” y líder del Cártel de los Beltrán Leyva, para quitarse su propiedad que cuenta con más de 244 hectáreas encadenadas al mar.
El terreno en cuestión fue comprado en 1983 a María Cristina Orduño Durán –personaje que más tarde se convertiría en clave dentro del delito- y en 1991 fue convertido en un rancho ecológico y donde se levantó un campamento de tortugas, dedicado a la investigación y conservación de este animal.
De acuerdo con Pinal, ex funcionarios y autoridades se coludieron para apoyar a Sosa Valencia en el despojo del terreno conocido como “Punta San Cristóbal” o “Rancho Boca”. Por lo que en julio de 2007 decidió levantar una denuncia por tal delito, luego de que el supuesto vendedor Dagoberto Gil lo engañara y pusiera las propiedades a nombre del representante de los Beltrán Leyva, gracias a unos documentos que él mismo le facilitó a base de mentiras.
En la lista de imputados figuran primeramente Sosa Valencia y otros funcionarios acusados penalmente como Guillermo Marrón Rosas, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercial y actual comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal; y David Green Moreno, ex director de Catastro y actual director de Atención Ciudadana
No obstante, Pinal también señala de complicidad al El ex gobernador Narciso Agúndez Montaño; el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando González Rubio Cerecer; el ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas; y el ex director de Catastro de Los Cabos, David Green Moreno.
Los primeros resultados de las investigaciones arrojaron que el prestanombres de los Beltrán Leyva utilizó a empleados suyos para ejecutar el despojo; asimismo, el empresario levantó una demanda de interdicto para recuperar parte de las propiedades, misma que ganó; acto seguido, la contraparte apeló y el caso cayó en manos de Ignacio Bello Sosa, magistrado que de manera sospechosa resolvió a favor de Valencia Sosa.
Tiempo más tarde, mientras las pesquisas seguían su curso, se supo que el “narcorepresentante” cambió –sin explicación alguna- la primera versión de los hechos, para asegurar que los terrenos los obtuvo como parte de una herencia de su supuesta esposa y antigua propietaria María Cristina Orduño Durán.
Según esta versión, posterior a la herencia, habría vendido las hectáreas a Juan Antonio Schekaiban Assad –persona que ha enfrentado al menos dos procesos legales en su contra- en 100 millones 7 mil 630 pesos con 37 centavos, a pesar de que el valor es superior a los mil 200 millones.
De manera igualmente sospechosa, el contrato de compraventa fue cancelado en octubre de 2012. Aunado a ello, un peritaje caligráfico indicó que el testamento en cuestión y la supuesta herencia universal nunca existieron, por lo que el fraude fue evidente, más aun si se considera que el presunto heredero murió cuatro meses antes de firmar el contrato de venta y luego la cancelara.
A pesar de que en diciembre de 2009 se ordenó la debida integración de todos los expedientes en una averiguación previa, luego de haber pasado el caso por seis agentes del ministerio público, dos jueces penales, dos procuradores y dos presidente del tribunal de justicia, tres años después de que el gobernador panista Marcos Covarrubias Villaseñor –quien prometió explícitamente cuidar a la población de posibles despojos- el caso sigue atorado y no se ha actuado penalmente siquiera contra 3 notarios públicos que claramente fueron participes del delito.
