Proyecto Diez / @ProyectoDiez
(11 de junio, 2014).- El pasado 14 de mayo los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon la demanda de amparo de tres ciudadanos tapatíos, en contra de la inconstitucional reelección del actual titular presidente de la Comisión estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDH), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Existe evidencia de que los magistrados iban a fallar a favor de los ciudadanos, sin embargo por presiones políticas modificaron su resolución a favor de Álvarez Cibrián en cuestión de horas.
Este personaje llegó al cargo en 2007 a través de un vulgar reparto de cuotas realizado por la muy cuestionada 58 Legislatura del Congreso del Estado, con los votos del PRI, PAN y del Verde. En enero de 2012 volvió a ser ratificado para un segundo período a través de la violación de la convocatoria que hizo la 59 Legislatura; a pesar de la protesta que se suscitaba fuera del Congreso del Estado en contra de su reelección y la consiguiente represión policiaca en contra de organismos ciudadanos defensores de derechos humanos.
La operación de la CEDH nos cuesta muy caro a los jaliscienses, de 2008 a 2014, período de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se han gastado más de 702.2 millones de pesos de presupuesto público. En ese lapso, el presidente de la comisión incrementó su sueldo en más de 69.5%, al pasar de 85,518 pesos mensuales a 144,937 pesos. Al mismo tiempo, el personal que labora en esta comisión se incrementó en 158 nuevos empleados. El número de quejas que recibe la comisión va en aumento pero el número de recomendaciones no crece a la misma proporción.
Aún cuando el presidente de la CEDHJ se ufane en que el número de recomendaciones se ha incrementado, la efectividad de las mismas es nula o casi nula. Los informes de la comisión adolecen de una gran cantidad de inconsistencias: en la mayoría de los casos no se menciona el nombre de los violadores de los derechos humanos ni de los quejosos; no hay seguimiento de la queja, no se menciona si hubo alguna sanción al agraviado o que se haya reparado el daño del quejoso. En todos los casos sólo se menciona en qué consistió la violación pero no se identifican responsables, qué autoridad debería reparar el daño, establecer plazos y condiciones.
¿Para qué sirve una institución así?, ¿Para qué queremos los jaliscienses un ombusman que hace recomendaciones que en casi todos los casos son como llamados a misa, que nadie atiende? ¿para qué sirve una comisión cuya actuación no ha modificado conductas y con ello, disminuir la violación de los derechos humanos en Jalisco?
Otro hecho lamentable es el retraso con que la comisión hace sus recomendaciones. Durante 2011 apenas se estaban enviando 27 recomendaciones de hechos denunciados en 2009; 22 de 2010, 4 de 2011 y 6 no especifican fecha en que inició la queja ante la CEDH. Es decir, la comisión está tardando dos años en hacer sus investigaciones y emitir una recomendación. Otro grave problema es que, en promedio, sólo 0.53% de las quejas se convirtieron en una recomendación en el período de 2007 a 2014, ¡no se llega ni al uno por ciento!
Si dividimos los más de 702.2 millones que la comisión ha ejercido de presupuesto en la gestión de Álvarez Cibrián entre las 276 recomendaciones que ha emitido entre 2008 y 2014, cada una nos ha costado un poco más de 2.5 millones de pesos. ¿No sería más eficiente, en términos de política pública, distribuir esos recursos a los afectados por alguna violación de los derechos humanos?
Mientras no haya independencia y autonomía del presidente de la CEDHJ su actuación seguirá siendo ineficaz para modificar la constante y creciente violación de los derechos humanos de los ciudadanos de Jalisco. Hasta ahora, esta comisión ha sido un fracaso para inhibir la violación de los derechos humanos, sólo se ha convertido en una institución que engulle recursos públicos y funciona como agencia de colocaciones de políticos que ayudaron y mantienen a Álvarez Cibrián en el cargo.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA CEDHJ, 2007- 2014
