(12 de junio, 2014).- En el mundo se estima que existen más de 21 millones de personas víctimas del trabajo forzoso, de las cuales 55 por ciento son mujeres que fueron objeto de trata de blancas, en condiciones de esclavitud, por lo que la implementación del nuevo tratado a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), significa un adelanto al combate de este mal, consideró la organización no gubernamental, Human Rights Watch (HRW).
El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, que ayer fue votada por mayoría entre gobiernos, sindicatos y organizaciones integrantes de la OIT, incluye actualizaciones al elaborado en 1930, para ayudar aquellos que laboran en condiciones deplorables por un sueldo miserable, y en el proceso sufren violencia física, sexual o psicológica, o cualquier otro tipo de amenazas.
“Los gobiernos deberían ratificar e implementar este tratado con prontitud para detener los abusos, ayudar a identificar y proteger incluso a las víctimas más encubiertas, y castigar a los responsables”, aseguró la investigadora sénior de la división de derechos de la mujer de HRW, Nisha Varia.
Del porcentaje total de las víctimas, 26 son menores de edad, quienes junto a los demás integrantes de este penoso grupo, dejan cerca de 150 mil millones de dólares como ganancias ilícitas a los contratantes, de los cuales, 90 por ciento pertenece al sector privado.
Entre las nuevas medida adoptadas, el Protocolo contempla crear planes de acción nacionales; extender las leyes laborales a sectores expuestos a riesgo de trabajo forzado; mejorar las inspecciones laborales; proteger a trabajadores migrantes de prácticas de contratación abusivas; respaldo de los gobiernos a las medidas de diligencia adoptadas por las empresas; así como adoptar medidas para identificar, liberar y asistir a víctimas de trabajo forzoso, incluso ofrecer protección de posibles represalias.
Una de las modificaciones más importantes se encuentra en el artículo 4, donde se estipula que los gobiernos deben asegurar que las víctimas “con independencia de su condición legal o el carácter de su presencia en un país, tengan acceso a medidas de justicia y recursos, incluido el resarcimiento, en el país donde se produjeron los abusos”. El nuevo protocolo deberá ser ratificado por los gobiernos a fin de que se las disposiciones queden jurídicamente vinculadas.
