(23 de junio, 2014).- Paulina Domínguez y Ana García Sepúlveda, expertas en diseño y corrección editorial, fueron contratadas en julio de 2013 para revisar los libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregará para el ciclo escolar 2014-2015. Sin embargo, a casi un año de iniciada su labor, la SEP no da muestras de que les pagará sus honorarios.
Durante la primera etapa de revisión, que incluyó 240 títulos, se les solicitó detectar errores ortotipográficos, problemas de sintaxis y erratas en los materiales. Esther Pérez, entonces directora de Evaluación, Difusión y Distribución de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa de la SEP, prometió un pago de 25 pesos por cuartilla sin contrato de por medio. Antes de que el proceso de dictaminación concluyera, la funcionaria abandonó su cargo.
Debido a la presión por terminar antes del plazo establecido, el equipo –conformado por siete especialistas- aumentó a 34 miembros. La nueva encargada, María Antonia Chávez, señaló entonces que el trabajo realizado con anterioridad no era el requerido, por lo que se les entregarían directrices y una matriz para las evaluaciones. El material nunca llegó.
Para finales de octubre de 2013 se avisó a las especialistas que el pago llegaría en noviembre. Esa promesa tampoco se cumplió.
En diciembre pasado, solicitaron una reunión con la entonces directora general adjunta de Materiales Educativos, Laura Athié Juárez, quien indicó que el pago se realizaría a más tardar en marzo de 2014.
A pesar de que el adeudo ya fue reconocido por Édgar Tafolla Castrejón, director de Administración de Recursos y Gestión Digital, la SEP pidió comprensión a las trabajadoras y estableció un nuevo plazo: junio 15 de 2014.
Cuando esa fecha llegó, Domínguez y Sepúlveda recibieron un correo del Órgano Interno de Control de la SEP en el cual se les notificaba que su pago pertenece a un expediente abierto, por lo que deberán esperar más de seis meses para recibir su retribución.
En entrevista con La Jornada, las revisoras denunciaron que “en la actual administración federal hay un enorme desprecio por la educación pública y por la elaboración de los libros de texto”.
Los equipos de especialistas fueron desmantelados y se abonó en el descuido, señalaron para el diario. Aseguran que continúa la improvisación, el desorden y la premura por parte de quienes debieran garantizar que sólo los mejores textos lleguen a las aulas.
