(03 de julio, 2014).- El gobierno de Enrique Peña Nieto busca que una nueva modalidad de “espionaje” suavizado sea institucional, al menos así lo pretende en el anteproyecto de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, donde busca un monitoreo de las llamadas realizadas por los mexicanos.
De acuerdo con el documento del anteproyecto que obtuvo CNNExpansión y que reveló este miércoles 2 de julio, se presentan los datos a los cuales el Estado tendría acceso:
1.- Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor.
2.- Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados).
3.- Número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago.
4.- Fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia.
5.- Identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor.
6.- La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las
líneas telefónicas.
El artículo 189 del anteproyecto señala que “Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
El borrador asegura que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.
Pero más que una medida de seguridad, el documento que discutirán los legisladores y del cual se espera su aprobación en esta semana, hace pensar que esta medida sería una vigilancia a la privacidad de toda persona que el régimen considere sospechosa, llámese oposición o críticos del sistema.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se autorizó el contrato S-INLEC-06-R-4042 que establecía que la empresa Verint Systems, vendiera un sofisticado equipo de espionaje al gobierno de los Estados Unidos, bajo el contexto de la Iniciativa Mérida y que llegaría a nuestro país mediante la Agencia Federal de Investigación (AFI), y la Procuraduría General de la República, permitiendo que el gobierno norteamericano interceptará llamas en suelo mexicano desde el 2007.
Teniendo este antecedente ahora las empresas de telecomunicación como Iusacell, Telmex y Movistar, tendrían la obligación de dar la información requerida por parte del gobierno en el momento que ellos hicieran la solicitud, permitiendo que las agencias de seguridad pudieran tener una vigilancia absoluta de la vida de cada uno de los mexicanos.
