Norberto Emmerich* @n_emmerich / Joanna Rubio* @joannarubioa
(3 de julio, 2014).- Argentina tiene una sobrepoblación de presos y de causas judiciales por posesión de drogas. Los jueces del norte del país se reunieron hace pocos días con los secretarios de Seguridad Sergio Berni y de Justicia Julián Alvarez para exponer sus inquietudes y reclamar un mejoramiento del sistema punitivo con el fin de “combatir” mejor al narcotráfico.
El presidente de la Cámara Federal de Corrientes, Ramón Gonzáles, dijo que hay cien presos en dependencias de las fuerzas de seguridad con pedido de hábeas corpus porque “las condiciones de detención son infrahumanas”. También señaló que las provincias de Tucumán, Corrientes, La Rioja y Mendoza no tienen espacio para alojar más presos.
La jueza federal de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, dijo que tiene alrededor de dos mil causas por narcotráfico debido a la ubicación geográfica de Chaco y Formosa, provincias estratégicas para los países productores de cocaína y marihuana, por ser puntos clave de entrada y salida.
¿Qué quieren los jueces? Haciendo hincapié en los detenidos con pedidos de hábeas corpus están pidiendo que se revise su expediente y se los libere, ya que todo arresto debe justificarse en pruebas suficientes y las condiciones de detención deben respetar los derechos fundamentales de las personas frente a cualquier acto de la autoridad. Dicho de otra manera: más derechos para mejor justicia o mejores cárceles para más presos.
En los últimos cinco años un 44% más de presos poblaron las cárceles federales hasta llegar a las 10.043 personas, de las cuales el 57% no tienen condena. En todo el país hay 62.263 personas detenidas, 64% de ellas con edades entre 18 y 30 años. Con un crecimiento de reclusos 9 veces superior al índice de crecimiento de la población queda claro que un mayor endurecimiento de las penas no soluciona (ni intenta solucionar) las desigualdades sociales que dan origen a la delincuencia común. Ser joven y ser pobre son las únicas dos condiciones necesarias para también ser preso.
El aumento de la cifra de detenidos no se relaciona con un paralelo aumento de los delitos relacionados con drogas ya que el 70% de los detenidos por drogas son sólo consumidores y el resto son pequeños actores del tráfico. Aumentan los presos por drogas y aumenta el narcotráfico porque la legislación represiva de la Ley 23.737 se dirige a los pobres (consumidores y mulas), no a los narcotraficantes.
El paso de un país de tránsito a un país de consumo y elaboración implica una escalada que se acompaña de sanciones más severas e improvisadas. Se castiga a los grupos sociales marginales mientras los graves delitos económicos o los delitos de los funcionarios que no cumplen con su deber o irrumpen en casos de corrupción quedan impunes.
La relación entre delincuencia y desigualdad es directamente proporcional. Revertir esta tendencia en aumento necesita más que penas fuertes, más que policías en las calles, más que grandes cárceles. En la Argentina hay 150 presos por cada 100 mil habitantes, de los cuales un 64% tiene menos de 30 años. No es un problema penitenciario, es un problema social.
La escasa funcionalidad del marco represivo actual impide la adopción de decisiones políticas con una planificación que encare en profundidad la reducción de las desigualdades sociales. La excesiva población carcelaria en Chaco y Famosa demuestra la ilegitimidad de los procesos carcelarios, cada vez más inhumanos e injustificados. El viejo discurso penitenciario, orientado a emitir sentencias que accionan un poder sobre el cuerpo, no cede paso a un ejercicio de poder sobre las circunstancias, basado en un discurso de derechos.
En síntesis: la efectividad del sistema penitenciario no depende de sí mismo. La contradicción entre el crimen cometido y las condiciones de desarrollo del proceso de criminalización es un proceso perverso que no da justicia a la víctima y crea victimarios socialmente etiquetados. Este sistema estático, sin comunicación entre el preso criminalizado y el medio criminalizante, no logra una reinserción social adecuada que evite la reincidencia.
En resumen, lo que pretenden los jueces es inviable. Piden castigos y piden derechos. Son mecanismos que no reconcilian la praxis jurídica con la vida social.
*Norberto Emmerich, investigador Prometeo – IAEN, Quito, Ecuador
*Departamento de Estudios Políticos y Gobierno, Universidad de Guadalajara
