(07 de julio, 2014).- Alejandra Barrales Magdaleno, senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hizo un llamado a las izquierdas representadas en la Cámara de Diputados, para impulsar modificaciones en el dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, en busca de garantizar los derechos fundamentales de las audiencias y los usuarios.
“Se trata de una legislación que regulará los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión por lo menos los próximos 20 años, lo que da cuenta de la importancia que tiene corregir las deficiencias y que asumamos como Poder Legislativo plenamente nuestra obligación de generar leyes que beneficien a la ciudadanía y no nada más a las empresas”, explicó Barrales Magdaleno.
La actual presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la Cámara de Diputados, reiteró que el dictamen ya aprobado no garantiza los derechos fundamentales, y mucho menos brindará una mejora en los contenidos y los servicios para las audiencias, pues en realidad está enfocado en desalentar la competencia efectiva en cuanto a telecomunicaciones y radiodifusión, amparando así facultades a favor de Enrique Peña Nieto.
Otro de los factores criticados por la senadora, consistió en los obstáculos legales contra los medios sociales de comunicación, impidiéndoles comercializar productos y servicios, y otorgándoles a cambio, publicidad gubernamental con la intención de que sean controlados por el mismo gobierno.
Asimismo, Barrales Magdaleno manifestó su preocupación sobre el bloqueo de las señales de telecomunicaciones, el espionaje telefónico, el acceso absoluto de las autoridades a datos privados de los usuarios y su resguardo hasta por dos años, y la geolocalización en tiempo real, debido a que estos apartados vulneran la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la neutralidad de la red.
De igual forma, la perredista recordó que el espíritu de la reforma constitucional era contar con un régimen regulatorio para favorecer las condiciones de competencia entre los operadores, y de esta manera, ampliar la oferta de servicios, además de mejorar los precios para los usuarios. Sin embargo, al realizar la calificación de preponderancia por sector, dejando intacta a Televisa, terminan truncados esos objetivos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será otro de los afectados, pues con las nuevas modificaciones legislativas, se le han quitado facultades, autonomía e independencia; es decir, se le ha restado su capacidad para tomar decisiones en cuanto a la regulación de empresas involucradas con las telecomunicaciones.
