(11 de julio, 2014).- Vigente desde hace casi veinte años, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Colima permanece hasta la fecha sin estrenar, pues no ha sido aplicada a algún servidor público, pese a que en este periodo se han denunciado decenas de actos de tortura contra detenidos por parte de elementos de las corporaciones policíacas de la entidad.
El caso conocido más recientemente es el de la sexoservidora transgénero “Thalía”, quien desde hace dos años se encuentra presa en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, acusada de complicidad en el homicidio de una de sus compañeras, pero según evidencias y testimonios que obran en el expediente del juicio fue torturada para que se autoinculpara, igual que algunos testigos para que la incriminaran.
De acuerdo con el presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, Efraín Naranjo Cortés, “no se trata de estrenar la ley por estrenarla”, sino que “debió de haberse aplicado desde hace años en que viene sucediendo ese tipo de hechos con la voluntad de denigrar a las personas como es la tortura”.
En el caso de “Thalía”, manifiesta, si se prueba que hubo maltrato físico o presiones psicológicas para obtener su declaración o para acusar a alguien más, debe aplicarse la legislación que previene y sanciona la tortura en el estado.
Pero la falta de aplicación de leyes antitortura no es privativa del estado de Colima. Datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que durante el periodo de 1997 a 2012, en la mitad de los estados de la república —incluido Colima— no fue dictada ninguna sentencia condenatoria contra un servidor público por el delito de tortura.
La cifra se reduce a ocho cuando se trata de establecer las entidades en las que las procuradurías locales ni siquiera han acusado o consignado a alguien por ese delito: Colima, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guerrero, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
En el periodo referido, sólo 70 servidores públicos fueron condenados por tortura en el país, 20 de ellos en Nuevo León, 16 en el Distrito Federal, 7 en Nayarit, 5 en el Estado de México, 4 en San Luis Potosí, en tanto que Quintana Roo y Chihuahua aparecen con 3; Durango, Morelos y Sonora con 2; y Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz condenaron a una persona por tortura cada uno, según los registros administrativos del Inegi en materia judicial. En las entidades restantes hubo casos de procesados, pero doce de éstos fueron absueltos y en otros no hubo registro de la emisión de una sentencia.
Entre las quejas de ciudadanos recibidas durante 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) registró 270 que podrían estar relacionadas con actos de tortura. Violación del derecho a la integridad y seguridad personal: 129; abuso de autoridad: 116; lesiones: 10; golpes: 10; derecho al trato digno: 9; incomunicación: 6.
Mientras tanto, a lo largo del año anterior el organismo defensor de los derechos humanos emitió 16 recomendaciones, seis de ellas dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de las que ninguna fue cumplida totalmente. Cinco fueron aceptadas y cumplidas sólo parcialmente y una definitivamente no fue aceptada por la corporación.
Efraín Naranjo considera que la CDHEC debería hacer valer más la autoridad moral que debe tener un organismo de esta naturaleza. “Es su única fuerza, aunque ya hay facultades dadas por la propia ley, creo yo que ahí debería imprimirse más energía, fortaleza y enjundia a los programas para que realmente todos los integrantes de la sociedad pudieran estar en condiciones de denunciar, y que esa cultura de la legalidad y la denuncia fuera realmente una realidad que todos pudiéramos ejercitar”.
Aunque en varias de las recomendaciones enviadas a la PGJE en los últimos años la Comisión de Derechos Humanos ha acreditado la existencia de actos de tortura, ninguna de ellas ha sido aceptada ni cumplida totalmente por la corporación policiaca.
De 21 recomendaciones recibidas en seis años, desde septiembre de 2007 hasta septiembre de 2013, la PGJE ha rechazado diez, ha aceptado y cumplido parcialmente 6 y sólo ha aceptado totalmente 5. Sin embargo, no ha castigado a ninguno de sus agentes por el delito de tortura.
Naranjo Cortés señala que en el país ha sido difícil en el país transformar la mentalidad de los agentes del Ministerio Público, porque “atienden mucho a los principios tradicionales de ser ellos los que determinen a diestra y siniestra todo tipo de decisiones o determinaciones ministeriales que recaen sobre las personas, sobre todo tratándose de personas humildes, que política, jurídica y económicamente no tienen mayor peso”.
Refiere que los sectores desprotegidos de la población son los más vulnerables a sufrir actos de tortura y otros abusos de parte de los elementos de las corporaciones policíacas, porque tienen menos posibilidades de defenderse.
“Ahora sí que la ley se les carga más a los débiles y a las personas que están más indefensas, como dicen en nuestros pueblos: ‘al perro más flaco se le cargan más las pulgas’, eso dicen en el rancho de quien más le cargan la mano porque menos puede defenderse, menos puede reaccionar en su propio beneficio; en ese sentido vale la pena decir que son los pobres, los humildes, los que menos saben, los que salen perdiendo”.
En declaraciones recientes, el presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, dijo que en los primeros cinco meses de 2014 el organismo a su cargo había recibido más de 70 quejas por actos relacionados con la tortura, presuntamente cometidos por agentes de corporaciones policiacas.
En la mayoría de los casos, dijo el Ombudsman, la tortura lleva la finalidad de arrancar confesiones a los detenidos para que éstos acepten la comisión de algún delito, por lo que estimó que esas prácticas terminarán cuando los jueces dejen de otorgar validez legal a las confesiones obtenidas de esa manera.
