(14 de julio, 2014).- Las autoritarias decisiones de la administración poblana que lidera el panista Rafael Moreno Valle, son las mismas que provocan el levantamiento del pueblo y las que lo reprimen de forma mortal, sólo de esta manera se puede explicar el conflicto generado a raíz de la enajenación del Registro Civil a las juntas auxiliares, para dejarlo en manos de los ayuntamientos debido a la implementación de la Ley Orgánica Municipal.
La iniciativa presentada por Moreno Valle, provocó que el pasado miércoles 9, aproximadamente 10 mil habitantes de Puebla pertenecientes a 90 juntas auxiliares (forma de organización de los pueblos), originarios de 40 municipios, bloquearan los principales accesos carreteros a la capital de la entidad. El reclamo de los manifestantes, era que con sus decisiones, Moreno Valle intentaba despojarlos de “su dignidad y sus derechos”, así como la nula existencia de una mesa de negociación entre el gobierno estatal y los ediles auxiliares.
Entre los principales bloqueos viales, se encontraban la autopista México–Puebla, la autopista Puebla–Perote, la autopista Siglo XXI a Atlixco, la autopista a Tehuacán y la que lleva a Ajalpan. Sin embargo, el terror se vivió en la carretera federal a Atlixco, donde el uso de balas de goma por parte de los elementos de seguridad tiene en vilo la vida de un menor de 13 años.
Ahí, la protesta a cargo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan fue reprimida con exceso de violencia por parte del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Puebla, hicieron uso de carabinas AM-600 calibre 37/38 mm, DEF TEC 1315 calibre 37 mm, y utilizaron cartuchos de gas con puntas de goma para herirlos.
De acuerdo con testigos, los uniformados dispararon las balas de goma contra los inconformes a una distancia menor a los 30 metros como lo indica el protocolo, para activar los gases tóxicos de dichas armas –consideradas no letales pero si de gran impacto-, y no hacia el suelo como aseguraron en un principio, cuando se les acuso de agresión directa.
Entre los más de 70 heridos que se produjeron tras el choque, se encuentran 10 de gravedad, entre ellos Martín Xelhua, a quien una bala de goma le causó gran daño en la quijada y casi le perfora la mejilla izquierda; Filemón Precio de gran herida en el abdomen; un joven ubicado como Vicente que se llevó un impacto en el rostro, y el menor de 13 años José Luis Alberto Tlautle Tamayo, cuyo cráneo fue perforado con un proyectil y hasta el momento se encuentra en estado vegetativo en el Hospital General del Sur.
Gobierno represor
En medio de las agresiones, se informó que 18 elementos de Seguridad Pública resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, producto del ataque repelido por los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes no tuvieron ni cinco minutos para retirarse como se les manifestó en un principio, ni pudieron establecer un diálogo con las autoridades.
Debido a ello, el gobierno morenovallista no dudo en aplicar toda la ley a su conveniencia, y consigno a siete pobladores por diversos delitos, entre ellos robo, motín y homicidio en grado de tentativa.
Incluso, el jueves 10 de julio, la empresa encargada de operar la autopista, Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), demandó ante Procuraduría General de Justicia (PGJ), a los pobladores de la región y al presidente auxiliar Javier Montes Bautista, por los presuntos 166 mil pesos que dejaron de recibir durante las casi 6 horas que duró el bloqueo.
Asimismo, se informó que la madre del menor José Luis, Elia Tamayo fue víctima de presiones por parte de la Secretaría General de Gobierno, para declarar que los manifestantes fueron quienes hirieron a su hijo y no la policía estatal, aseguró la diputada federal perredista, Roxana Luna Porquillo, encargada de difundir los videos y fotografías de las agresiones en las redes sociales. La propia legisladora también refirió que existe otro menor, sin dar nombre ni edad, herido por los ataques, el cual perdió una mano.
En este sentido, se supo también que Tamayo acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para denunciar los hechos donde acusó directamente a los cuerpos de seguridad por el estado de salud de su hijo; el caso ya fue canalizado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y desde el jueves pasado tres visitadores arribaron a Puebla para investigar el caso.
Hasta el momento, las autoridades no han realizado pronunciamiento alguno, si no es para acusar a los pobladores de agresiones y deslindarse por lo ocurrido, con lo que hace más clara la aplicación de la Ley Bala para con los manifestantes. No obstante, el descontento de los poblanos es claro y se resume con una frase lanzada el pasado viernes frente a un nosocomio, durante una pequeña protesta contra el gobernador: “Moreno Valle, nuestros hijos no merecen balas de goma”.
