(21 de julio, 2014).- Se trata de un “nuevo genocidio a la vista de todos, si nos hacen esto a nosotros, un pueblo organizado, un pueblo reconocido por su larga lucha se lo van a hacer a cualquiera, tal como lo están intentando con las reformas últimas (Energética, Telecomunicaciones, Agraria, Aguas etcétera), que se están dando”, afirma Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, pueblo indígena reconocido constitucionalmente en 1940, al que el entonces presidente Lázaro Cárdenas otorgó, por decreto, el 50 por ciento del agua del caudal del Río Yaqui, en el estado de Sonora.
Sin embargo, “los derechos de agua los vende el gobierno de Sonora a particulares sin consultar a la Tribu Yaqui y sin tomar en cuenta la afectación”, explica Luna. La Tribu Yaqui se asienta a lo largo del río, y uno de los problemas que enfrenta este pueblo originario es precisamente la falta de abastecimiento de agua para la vivienda y la agricultura.
En 2010 el gobierno de Sonora impulsó la licitación y la concesión para la construcción del “Acueducto Independencia”, de 172 kilómetros de longitud, con el que se pretenden entubar más de 60 millones de metros cúbicos de agua anuales desde la presa Plutarco Elías Calles, “El Novillo”, hasta la Cuenca del Río Sonora, en la ciudad de Hermosillo. En ese mismo año, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evaluó la Manifestación de Impacto Ambiental y al año siguiente otorgó la autorización del mega proyecto hidráulico.
“Es importante aclarar que la mayor parte de la defensa que hemos ejercido es en el ejercicio de nuestro derecho como pueblo indígena, basado en el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en la Declaración sobre los derechos humanos para los pueblos indígenas, en los artículos constitucionales que amparan los derechos de los pueblos, sin embargo, esto ha caído una y otra vez en alterar los avances que hemos dado en el ejercicio del Derecho”, enfatiza Mario Luna.
La Tribu Yaqui presentó en 2011 un amparo en contra de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) señalando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) como responsables. En 2012 el Juez Cuarto de Sinaloa resolvió a favor de la Tribu, pero la Semarnat reviró la sentencia por lo que el caso fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En mayo de 2013 la SCJN ratificó la sentencia de amparo (631/2012) y en el mes de agosto emitió una aclaración a la misma, en la que ordenó que la AIA –emitida por la Profepa y a DGIRA dependientes de la Semarnat– debía quedar insubsistente y se debía consultar a la población.
Pese a que se reconocen la violación de los derechos constitucionales y humanos de la Tribu Yaqui, las autoridades de la entidad no han acatado la sentencia y la extracción del agua de la presa “El Novillo” continúa, sin consulta y sin una nueva Autorización de Impacto Ambiental lo que arriesga la subsistencia de millones de habitantes.
La resolución de la SCJN se ha vuelto un caso paradigmático dado que es el primer “procedimiento consultivo a pueblos indígenas indicado por el máximo tribunal de justicia al Estado mexicano”, no obstante, “la lectura que se le da en la Tribu –y en todo el sur de Sonora– es que creemos que el poder Judicial no está a salvo de las presiones que están ejerciendo los poderes fácticos detrás del Acueducto Independencia”, señala Mario Luna abogado de profesión.
En octubre de 2013 se constituyó la Misión Civil de Observación (MCO) conformada por organizaciones sociales e instituciones académicas, por solicitud de la Tribu Yaqui, para monitorear que la Consulta ordenada por la SCJN se cumpla con apego a los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y derecho a la consulta previa libre e informada.
La MCO también da seguimiento al “Mecanismo y Protección para dar cumplimiento a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y realizar la consulta Tribu Yaqui sobre la Operación del Acueducto Independencia”, para tal efecto se estableció la participación de la DGIRE, la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia –ambas de la Semarnat–, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
La sentencia de la SCJN refiere a la Consulta, en su carácter previo, la cual “debe realizare durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad”. El fallo de la SCJN ocurre después de iniciadas las operaciones de este mega proyecto, lo que se traduce en una violación a esta figura jurídica por parte del Estado mexicano.
Más tarde la SCJN cometió una contradicción en la sentencia y permitió continuar con la operación del Acueducto Independencia en tanto se llevara a cabo la consulta, permitiendo actuar sin AIA. Por lo que el gobierno de Sonora, a cargo del panista Guillermo Padrés Elías, empezó a construir el Ramal Norte como parte del mega proyecto con miras a extenderse hasta la ciudad de Hermosillo.
El 28 de abril de 2014 la Conagua en Sonora y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuraron el Ramal Norte, pero el acueducto sigue operando pese a no contar con la AIA. El 9 de julio el Juez Octavo de Distrito en Sonora ordenó suspender la operación del Acueducto Independencia, una vez que el Fondo de Operación y Obras Sonora Sí (FOOSSI) fuera notificado.
La Tribu convino en que si para el 11 de julio no se apagaban las bombas del acueducto que sustraen el vital líquido y han dejado sin caudal al Río Yaqui, definirían el siguiente paso para detener su funcionamiento, sin embargo, al día siguiente, el 12 de julio, un operativo policíaco, con colaboración de los tres niveles de gobierno, ingresó a la comunidad de Vícam en busca Mario Luna, quien enfrenta una orden aprehensión desde hace un año, junto con el también vocero, Tomás Rojo.
Toda vez que en el mes de junio (2014) el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en Hermosillo confirmó la orden de aprehensión en contra de Mario Luna por privación ilegal de la libertad y robo de vehículo. El procurador de Justicia de Sonora, Carlos Navarro Sugich, afirmó que no importando los usos y costumbres del pueblo originario, en la entidad son delitos que se deben perseguir como tales.
Al respecto Luna asevera que se “fabricaron los delitos en una forma tan descarada y tan cínica como la privación ilegal de la libertad en hechos que ni siquiera estuvimos presentes (Rojo y él). En hechos que jamás van a poder probar que nosotros participamos”. Hechos referidos al 8 de junio de 2013 durante un bloqueo carretero realizado por la Tribu en contra del Acueducto. En donde “un profesor bilingüe” de la misma comunidad acudió con su vehículo transgrediendo el cerco, por lo que fue trasladado a la comisaría del pueblo y fue sancionado de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo originario.
“En un ejercicio que el pueblo Yaqui hizo de la aplicación de las normas de justicia ancestrales. Pero al ser él un empleado de gobierno, un operador político, recibió instrucciones para señalarnos y acusarnos de privación ilegal de la libertad.
“En las órdenes de aprehensión que giró el Ministerio Público no se tomaron la molestia de valorar la argumentación que nosotros pudimos dar en su momento y únicamente se dio como oficial la versión de esta persona que se dedicaba a operar para decir que el pueblo Yaqui estaba a favor del Acueducto Independencia”, señala Mario.
Y agrega: “Una receta de los gobiernos, que se aplica en toda situación similar”, en referencia a las diferentes luchas de pueblos indígenas y mestizos ante el despojo de tierras y agua, en todo el país.
Los líderes de la Tribu Yaqui están sometidos a una persecución por parte de las autoridades. Una campaña de desprestigio a su lucha se ha expandido en la entidad, por lo que Mario Luna se vio obligado a salir de su lugar de origen.
“A pesar de que hay un linchamiento político, una campaña negra de odio y de racismo contra el pueblo yaqui, orquestado por el Partido Acción Nacional en Sonora y por el mismo gobierno del estado, nosotros permanecemos firme en la defensa, porque en ningún momento hemos violado la ley. Estamos dentro del marco constitucional dentro de nuestras protestas”, asegura el abogado de profesión.
Luego del operativo policíaco, el lunes pasado la sentencia de suspensión de operaciones del acueducto fue impugnada por el FOOSSI, “cuyo titular jerárquico es el gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, y obviamente una serie de inversionistas privados. Muchos de ellos de la industria inmobiliaria que ve en la posibilidad de tener más agua, jugosas ganancias en la implementación de fraccionamientos y viviendas”, expresa Mario.
Pero, como ocurre en otras entidades de la República Mexicana, las grandes empresas automotrices, inmobiliarias y refresqueras son las únicas beneficiadas de los despojos de los pueblos, así como el sector energético –ahora con preponderancia sobre cualquier otra actividad humana.
“No por nada se instaló la planta Apasco (cementera inaugurada durante el sexenio de Felipe Calderón), la segunda más grande de América Latina, en Hermosillo. Y la planta Ford amplió su capacidad de producción, un alto consumidor de agua, por supuesto. Heineken, la cervecera más grande del mundo, compra la industria Tecate. La Coca Cola, la Big Cola alojadas en un pueblo sin agua. No puedes decir que existan estas industrias refresqueras –que namás pintan el agua y la venden–, y clamar que el agua la quieres para el consumo doméstico”, encamina Mario.
Para expresar que “sólo se favorece económicamente a un grupo de 30 empresarios que, incluso, han firmado desplegados en contra de la defensa de la Tribu Yaqui. (…). Cuando ya hay 5 mil hectáreas de tierras que antes eran altamente productivas. Hoy nada más producen sal. Ensalitradas totalmente porque el Río Yaqui dejó de correr, dejó de tener escurrimiento mínimo, lo que es totalmente ilegal. Eso ha permitido que –con la porosidad que ha dejado en el suelo– el agua de mar gane terreno hacia tierra firme”.
A pesar de la violación a los derechos constitucionales y humanos de este pueblo originario provocados por el daño medioambiental, el Fondo de Operación y Obras Sonora Sí (FOOSSI) impugnó la sentencia y el lunes pasado la orden fue, por lo que la construcción del Acueducto Independencia seguirá su curso.
Poniendo por encima de “los derechos que tenemos como pueblos indígenas, el derecho que tiene la ciudad de Hermosillo al agua, los de una entidad que no es legalmente representativa de lo que está en cuestión. Los jueces se fueron más allá de sus facultades y obligaciones y dieron un privilegio mayor al que legalmente le correspondía al Fondo de Operaciones Sonora Sí, que, como digo, no es una entidad facultada para dirimir este tipo de cuestiones en materia de agua en Sonora”, manifiesta Mario Luna.
Para la Tribu Yaqui, este nuevo revés en el proceso de defensa de su territorio y de su derecho al agua del Río “nos deja una enseñanza muy clara: No tenemos que confiarnos plenamente del sistema judicial, más bien tenemos que ir acompañando estas iniciativas –que vamos a tener que replantear– para obligar a que se ejecuten los ordenamientos judiciales que aún existen sin que hasta el momento se hayan ejecutado cabalmente”.
La vía será acompañar este proceso jurídico “de movilizaciones sociales, de resistencia civil, como hasta ahora se ha ejercido. Se retoman los bloqueos intermitentes (reactivados desde el 15 de julio) en la carretera internacional número 15, en respuesta a esta situación tan excepcional. Un revés que se dio a la hora de detener el acueducto”, mediante una sentencia que sólo puede ser definitiva si es que concluye la consulta a la Tribu Yaqui.
De continuar con el desabasto de agua se “obligaría a la Tribu Yaqui a migrar del territorio y en ese sentido materializar de nueva cuenta las prácticas genocidas que se dieron con Porfirio Díaz. En la era de la tecnologíaa, en la era de la comunicación, ellos (los del poder) han logrado maniatar a los medios de comunicación que minimizan las afectaciones en contra el pueblo Yaqui”.
No sólo en lo que respecta a la reducción en más del 50 por ciento de la capacidad productiva agrícola, sino también en la cultura, las tradiciones y la vida espiritual, prometiéndoles a cambio “engrosar las filas de trabajadores a la ciudad de Hermosillo, porque su plan es convertirla en una megalópolis. Despoblar toda zona rural mediante estos proyectos, incluidos los de minería y ecoturismo. Que es lo que plantea con el plan de proyecto de Mar de Cortés (megaproyecto turístico en la zona costera de Sonora) que no es otra cosa que la escalera náutica que atraviesa parte del litoral de la Tribu Yaqui”.
Ante este escenario, parecido al vivido durante la dictadura de Porfirio Díaz según lo explica Mario, el pueblo Yaqui asegura que seguirá resistiendo. Consciente tanto de las reformas estructurales implementadas por Enrique Peña Nieto, como del adverso proceso legal que enfrenta su pueblo, “el pueblo yaqui con la experiencia de lucha de cientos de años tendrá la habilidad de reorientar el sentido de su lucha”.
Aun cuando asevera que “el pueblo Yaqui no va a dar el primer paso para quebrar el Estado de Derecho”, las alianzas con otros pueblos se tornan indispensables para contener el proceso de despojo que comienza a asomarse en todo el país.
“Nos habían mantenido enfrentados en el Valle del Yaki con la Tribu Yaki. Hoy con la afectación común que tenemos del despojo del agua, que representa el agravio a más de un millón de habitantes que viven en el sur de Sonora, hemos logrado pactar alianzas, hemos logrado hacer acuerdos de acciones comunes que permitan dar un frente más amplio de defensa”.
Un ejercicio que “está retomando la Tribu Yaqui de tiempos pasados en los que para poder salvarse de la dominación de Porfirio Díaz, hizo alianzas para garantizar el respeto a su territorio, el derecho a la existencia. Ante esta situación, no dudes que el pueblo yaqui está buscando alianzas con otros pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, pero también con esos sectores progresistas que de alguna forma coexisten en México y que obviamente en algún momento se darán a conocer”.
El 7 de agosto próximo se cumple un año de la sentencia emitida por la SCJN sin que ésta haya sido acatada por el gobierno de Sonora, violando las consultas previa, libre e informada así como los derechos de un pueblo originario reconocido constitucionalmente.
