(11 de junio de 2014).- Se han cumplido 11 años desde la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) en el Diario Oficial de la Federación. Después de su discusión y aceptación por unanimidad en los poderes Legislativo y Ejecutivo el 11 de junio de 2003, la ley estableció la creación de una nueva institución que permitiera la ejecución de la misma, la CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).
Esta ley, en consonancia con el Art. 1 de nuestra Constitución, tiene como finalidad la reducción y, eventualmente, la supresión de todas aquellas prácticas que permitan un trato diferenciado entre las personas. Es decir, que retomando el principio básico de igualdad, se pretende que ningún individuo o ciudadano mexicano sea proclive a discriminación por raza, preferencia sexual, religión, origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o económica, lengua, opinión o demás circunstancias que pudieran permitir algún tipo de segregación, tanto de las instituciones públicas gubernamentales o entre individuos.
Sin embargo, aunque es cierto que la ley ha servido como elemento protector para muchos grupos o individuos, la discriminación y exclusión siguen siendo parte de la vida cotidiana. Sorprende aún más que para la población, sean algunas de las instituciones públicas aquellas que cometen más actos discriminatorios. El documento informativo de la CONAPRED de este año sobre la homofobia menciona que el 58.5% de las personas opinan que sus preferencias sexuales distintas aunado a su condición socioeconómica baja es motivo de discriminación, y que el 42% de la población opina que la policía es el grupo más intolerante y homofóbico.
Por otro lado, la discriminación de género según el documento de la CONAPRED revela que las mujeres sufren discriminación laboral, salarial, despidos injustificados o por embarazo (siendo esta la primera causa de denuncia a este organismo) y en casos hasta de hostigamiento sexual. Por otro lado, esta discriminación no sólo es referente el género sino que se agrega una condición más, la de ser mujer indígena. Se han registrado varios casos de negligencia médica o negación del servicio a mujeres embarazadas y que han tenido que dar a luz en jardines o en los pisos de los hospitales.
A 11 años de la promulgación de la ley, el panorama mexicano no se presenta sencillo. Si bien la ley puede cumplir con elementos vanguardistas en términos de derechos humanos, hace falta la implementación de políticas públicas o proyectos específicos que permitan la ejecución de tales normas con éxito. La promulgación de la ley no es suficiente, hace falta establecer las condiciones que permitan su implementación concreta, buscando, en este caso, la eliminación de la exclusión.
