Familiares de las víctimas del atentado al Casino Royale se concentraron este martes frente al memorial ubicado en lo que fuera el centro de apuestas sobre la avenida San Jerónimo, con el objetivo de honrar la memoria de sus seres queridos y exigir el fin de un rezago judicial que se ha prolongado por 15 años. Durante el acto conmemorativo por los hechos del 25 de agosto de 2011, integrantes del Colectivo 52+2 colocaron ofrendas florales, realizaron un pase de lista y denunciaron el abandono de las autoridades estatales.
Idalia Walls, hija de Idalia Elizabeth Walls Polendo, manifestó el sentir de los deudos ante la dilación de los expedientes penales. «Han sido 15 años, literalmente en el abandono porque no tenemos justicia. Sentimos enojo, frustración, dolor, el dolor sigue presente, la herida sigue abierta. No hay nada más que la justicia, es lo único que puede reconfortar a todas las familias aquí presentes», reclamó.
La vocera del colectivo, Samara Pérez Muñiz —madre del joven de 18 años Brad Xavier Muraira Pérez—, detalló que el estatus legal del caso evidencia una severa parálisis institucional. Precisó que existen 25 personas bajo proceso judicial por el ataque incendiario ejecutado por la delincuencia organizada, pero de esa cifra únicamente dos implicados cuentan con una sentencia condenatoria firme.
Pérez Muñiz explicó que las familias enfrentan un esquema de revictimización provocado por los continuos recursos legales que interponen los imputados para retrasar los juicios, amparados en las dinámicas del antiguo sistema penal tradicional bajo el cual se iniciaron las causas.
- Estrategia de defensa: Los señalados promueven amparos contra traslados a penales federales o impugnan la falta de ratificación de peritajes.
- Diferimiento de audiencias: Apelando a supuestas fallas de notificación, logran postergar las comparecencias durante meses, dejando a las víctimas en estado de indefensión.
- Deesgaste familiar: La lentitud del proceso ha ocasionado que varios de los familiares directos de las víctimas fallezcan a la espera de un veredicto definitivo.
Freno administrativo de la CNDH y ausencias oficiales
Los integrantes del Colectivo 52+2 revelaron además que se encuentran amparados contra una resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El organismo busca dar por concluido de forma administrativa el seguimiento de la Recomendación 66/2012, una determinación que las familias rechazan debido a que persisten obligaciones pendientes en materia de reparación del daño y preservación de la memoria histórica.
Al homenaje acudió personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); sin embargo, los colectivos reprocharon públicamente que las autoridades locales y estatales declinaron asistir a la convocatoria argumentando problemas de agenda, lo que consideraron una falta de sensibilidad ante una de las mayores tragedias civiles registradas en el norte del país.
