(22 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 20 de agosto se cumplió seis años del asesinato del entonces diputado y presidente del Congreso del estado de Guerrero, Armando Chavarría Barrera. Hoy, a seis años de distancia, los familiares de quien fuera legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y principal aspirante para contender por la gubernatura de la entidad en los comicios de 2011, dieron a conocer que ante la falta de justicia por parte de las autoridades mexicanas han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer el caso.
En conferencia de prensa, Martha Obezo Cázares, viuda de Chavarría Barrera, detalló que el pasado 15 de septiembre la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC) -organización presidida por el obispo de Saltillo, Raúl Vera- interpuso una solicitud de admisibilidad en el órgano internacional, esto “ante el incumpliendo del Estado mexicano de su deber de investigar las graves violaciones a los derechos humanos” en contra del entonces diputado.
Obezo Cázares recordó que desde el 2009 la impunidad ha reinado en el caso de la ejecución extrajudicial del legislador. Dijo que luego de seis años no existe ningún responsable detenido además que las investigaciones sobre este “asesinato político” no han tenido avances significativos aunque hay personajes públicos señalados.
“Es del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, los altísimos niveles de impunidad que existen en el estado de Guerrero. Son incontables los asesinatos selectivos y desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales, dirigentes políticos, periodistas, y defensores del ambiente (…) De 1960 a la fecha han ocurrido no menos de un millar de asesinatos políticos debidamente documentados (…) Esta impunidad ha estado presente en el asesinato de mi esposo, el diputado Armando Chavarría, ejecutado extrajudicialmente en agosto de 2009”, expuso.
La viuda de Chavarría Barrera aseguró que “poderosos intereses” decidieron eliminar al legislador, por lo que fue asesinado con el tiro de gracia afuera de su domicilio. Manifestó que desde las primeras diligencias, “quedó evidenciado la indolencia y el absoluto desaseo” pues, explicó, no se resguardo de manera correcta la escena del crimen y se permitió el paso a personas que alteraron el entorno “como para asegurar desde ahí la impunidad e inmunidad a sus asesinos”.
Señaló que a seis lo único que ha encontrado es indiferencia institucional y un trato incomprensible.
“Desde el inicio de las primeras diligencias, desde el levantamiento cadavérico, se observó todo el desaseo. Quienes acudieron (a realizarlo), acudieron como para borrar las huellas como para alterarlo todo, como para desde ahí garantizar la impunidad e inmunidad de los responsables. Es decir, que nunca conociéramos la verdad de los hechos y no se les tocara tampoco. Eso me sigue impactando (…) tal parece que esperan que el polvo del olvido termine sellando la impunidad”, expuso.
Obezo Cázares añadió que desde el comienzo de las pesquisas, las autoridades intentaron relacionar la muerte del diputado a hechos como los pasionales o relaciones con el crimen organizado. Además, apuntó, “nuestro reclamo de justicia tuvo como respuesta una feroz embestida gubernamental, el desprestigio postmortem de mi esposo y la persecución de amigos y familiares, incluyendo a mis hijos y a mí”.
“Lo primero que ocurrió fue tratar de darle la salida fácil: el crimen pasional. Tratar de solventarlo por ahí. A menos de dos meses del asesinato filtraron a Milenio información del expediente en el que se trató de enlodar la memoria de mi esposo, no sólo decir que se había relacionado sentimentalmente con muchísimas mujeres, sino tratar de articular que tenía presunto vínculos con el crimen organizado.
“Padecimos amenazas de todo tipo. Tuvimos seguridad y ellos fueron levantados y amenazados con ser asesinados si no abandonaban el estado. Me querían sola, fue un cerco y hostigamiento terrible contra mí y mi familia”, comentó.
La viuda del diputado precisó que a pesar que hay señalamientos claros sobre los autores intelectuales y materiales de los hechos, no hay avances en el caso, eso a pesar que han transitado tres gobernadores y siete procuradores de justicia del estado.
“Existe un expediente sesgado, trasegado, mutilado y una investigación que ha sido deliberadamente frenada para impedir que los autores del magnicidio del presidente del Congreso de Guerrero sean juzgados. Hasta el día de hoy no se conocen avances de la investigación y no hay un solo detenido. Estamos ante un ejemplo claro de denegación de justicia”, comentó.
Sobre los presuntos responsables del crimen, Obezo Cázares recordó a este medio que el exgobernador de Guerrero en el periodo 2005-2011, Zeferino Torre Blanca, es uno de los señalados como autores del atentado. Manifestó que declaraciones ministeriales hechas por policías dan cuenta de lo anterior.
“Existe y eso no es un invento, no tiene que ver con una percepción, sino con una información que existe, que sospecho ha sido extraída del expediente. Me refiero a la información que señala como responsable al exgobernador Zeferino Torre Blanca. Existió una declaración ministerial, de un comandante de la policía ministerial de nombre Trinidad Zamora Rojo, que fue parte del operativo que ejecuto a mi esposo y él rindió esa declaración al entonces procurador Alberto López Rosas”, expuso.
La señora Martha Obezo recordó que en Guerrero en los últimos veinte años se han presentado tragedias como la del Charco, Aguas Blancas y más reciente el ataque a los normalistas de Ayotzinapa. Dijo que estos casos “representan una muestra de la impunidad que impera en la entidad Además, dijo, el crimen contra los estudiantes normalistas, es el resultado de largas décadas de impunidad, sintetiza la descomposición del Estado mexicano y pone al descubierto las complicidades entre autoridades, crimen organizado y políticos de todos los niveles”.
Sobre el caso del legislador comentó: “celebro que se interpusiera la petición de admisión ante la CIDH. La ruta esta razada, sólo buscamos justicia, un bien público que hoy en día está en extinción en Guerrero. Justicia, un clamor generalizado de una sociedad que aunque abandonada a su suerte, se niega a perder la esperanza”.
El caso de Armando Chavarría ante la CIDH
Ernesto Rodríguez, abogado de la RSDCIAC-organización que ha acompañado el caso del diputado Chavarría- dijo que la petición a la CIDH para que atraiga el caso se basa en el hecho de que en México ha existido un 2retardo indebido de la justicia”.
Aclaró que este punto se encuentra establecido en el reglamento de la CIDH, por lo que no es necesario agotar todos los recursos en el país y llegar hasta la Suprema corte de justicia de la Nación para pedir la intervención de este organismo internacional.
Aunado a lo anterior, el abogado detalló que el próximo 28 de septiembre integrantes de la Red Solidaria, entre ellos el obispo Raúl Vera, se reunirán en Ginebra, Suiza, con el equipo de ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se les entregará información sobre el caso del diputado Chavarría y otros más que han acontecido en el estado de Guerrero en donde el común denominador ha sido el incumpliendo del Estado en su deber de investigar y sancionar a los responsables; estos casos son: la masacre del Charco y el caso de Arturo Hernández.
