SAT condona 253 mil mdp, reniega transparencia y carga la mano a pasivos
(31 de julio, 2014).- Entre los años 2007 y 2013, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), canceló y condonó más de 253 mil millones de pesos a contribuyentes; sin embargo, de acuerdo a una queja presentada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el organismo encargado de recabar el dinero obtenido por el cobro de impuestos, se ha negado a publicar quiénes han sido los beneficiarios de esa política.
Pese a que desde inicios de este año, el SAT ha hecho públicos los nombres de ciudadanos moradores, por otro lado, para los mayores favorecidos, dicho organismo se ha negado a dar información, amparándose en que dicha lista está protegida por el secreto fiscal. Secreto que fue derogado por la Congreso de la Unión, apenas, hace un año.
Esos más de 253 mil millones de pesos que fueron perdonados, contrastan con los 54.9 mil millones de pesos que fueran pagados al gobierno, según el portal de información Animal Político, con base a los dos programas de cancelación y condonación de créditos fiscales que el SAT llevó a cabo entre los años 2007 y 2013.
Ahora bien, aunque se desconoce buena parte de los que serían tocados por dicha suerte, el pasado 13 de mayo, el diario El Universal dio a conocer que el SAT condonó un crédito fiscal de 3 mil 334 millones pesos al Grupo Televisa. En este sentido, el diario refirió que la televisora únicamente debió pagar el 10 por ciento correspondiente a esa deuda, es decir, 343 millones 254 mil pesos, y desistir además de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde el año 2011.
La acción ha sido duramente criticada por sectores medios de la población y han provocado el disenso entre algunos sectores pasivos al cobro de impuestos.
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Recientemente, 19 intelectuales se sumaron a la campaña de las voces que critican las políticas que ha seguido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT.
El movimiento #YoSoyContribuyente persigue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la condonación y el perdón de impuestos a municipios y estados. Dicho movimiento, que ha tenido como su vocera a la analista Denisse Dresser, ha protestado en contra de lo que han llamado medidas “discriminatorias” hacia la población en general, y además, una punta de lanza para cobrar “favores políticos”.
“Los amigos, los cuates, los compadres, los que se quedan con dinero que no les pertenece y luego lo ocultan. 40 mil millones de pesos, producto de esa exención fiscal que nadie sabe a dónde fueron a parar. ¿Cómo se gastaron y en qué? ¿Qué elección compraron y cuándo? Una red de políticos irresponsables a quienes nadie puede auscultar porque gozan de la confidencialidad fiscal”, escribió en una columna, la analista del periódico Reforma.
Aunque el movimiento #YoSoyContribuyente no ha podido trascender de sectores medios de la población, hasta el momento, según su portal de internet, han recabado 46 mil 301 firmas que, buscan legitimar, el amparo presentado por personajes como Ana Laura Magaloni Kerper, Carlos Elizondo Meyer-Serra, Leo Zuckerman, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, entre otros.
“En este sentido, el amparo de #YoSoyContribuyente argumenta un interés legítimo al verse violados los derechos humanos de propiedad privada y el derecho a conocer el destino de las contribuciones al gasto público. Al otorgar este beneficio discrecional a los gobiernos locales, se está trasladando la carga sobre los contribuyentes cumplidos. Asimismo, se reclama la inexistencia de un análisis detallado del impacto que tiene y tendría esta medida sobre las finanzas públicas”, publicaron en una entrada.
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Poco a poco, las políticas que ha tomado el SAT, dependiente de la SHCP, levantan ámpulas que pocos desisten de olvidar: mayores cobros de impuestos a la población en general, reformas fiscales que “le cargan la mano a los pasivos”, mayores impuestos a empresarios, el aumento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en las zonas fronterizas del país, etcétera, han sido las embestidas del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia los sectores productivos.
Como referenció la revista Bloomberg, gran parte del motivo ha traído consigo la reforma energética. Se trata de la necesidad de modificar el régimen de recaudación fiscal, hecho que se consumó en la llamada reforma fiscal y que ha buscado reducir la dependencia del gasto público, dependiente a su vez de las exportaciones petroleras.
Sin embargo, las buenas expectativas que pronosticó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no se han logrado gracias al nuevo régimen de recaudación, sino gracias a gracias a la Ley al Impuesto sobre la Renta o la nueva Ley al Impuesto al Valor Agregado; aplicada, por poner dos ejemplos, a los nuevos gravámenes especiales en bebidas endulzadas.
Hecho que, según la tesis del doctor Fausto Hernández Trillo, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sólo se cumplirá gradualmente, tanto la corta duración de la reforma, como los casos de corrupción.
“En teoría la reforma está hecha para que aumenten los ingresos por la extracción de hidrocarburos, sea Pemex o sea un ‘contrato’ con no sé quién. Al no ser invertido este dinero en gasto corriente, entonces eso aumenta su tasa de ganancia. Que eso se lo dé a un inversionista gringo, holandés, eso es otra cosa. Quedamos en la completa incertidumbre”, sostuvo.
