Alejandro Coss / @RHashtag
(11 de mayo, 2014).- Los últimos días han visto a amplios sectores de la izquierda política mexicana reflexionar sobre su estado actual. El 25 aniversario del PRD es el pretexto esgrimido, pero la razón es mucho más profunda. Dentro de la esfera institucional, en los partidos y movimientos que aspiran a convertirse en uno, hay la certeza de la existencia de una crisis que pone en riesgo las conquistas históricas de la izquierda. En el Distrito Federal, las políticas públicas de seguridad, movilidad, concepción del espacio público y ejercicio de las libertades políticas de la ciudadanía apuntan en sentido contrario a la construcción de una ciudad libre y equitativa. Se privilegia el garrote sobre el diálogo y las apropiaciones privadas del espacio sobre las públicas y comunitarias. En Morelos, el gobierno estatal desoye las críticas de los ciudadanos y ejerce el poder desde una perjudicial distancia. Los partidos, inmersos bien en la lógica del pacto o en la de la salvación de la mitificada patria, se cierran a las clientelas o a los fieles. La reflexión sobre la izquierda y la actividad política, cuando proviene de estos espacios institucionales, a menudo cesa en este punto.
La forma de discutir esta crisis en la izquierda partidista es sintomática de la crisis de la democracia. La preocupación de mantener los espacios que se tienen en las estructuras de poder, o de recuperar los perdidos, opaca la ausencia de un proyecto de futuro que disminuya no sólo la desigualdad económica, sino la de género o la fundamentada en las prácticas culturales a través de la pluralidad y la horizontalidad. También muestra la incapacidad estructural de mirar las posibilidades de una discusión que vaya más allá de la institución y logre, de hecho, hacer de la pluralidad y la horizontalidad prácticas transformadoras y no discursos vacíos. En la crisis de la izquierda se refleja la crisis de una democracia que es, por diseño y estructura, incapaz de escuchar a los ciudadanos, de integrar sus preocupaciones a las políticas públicas de forma participativa y que, así, los reduce a meros objetos de la intervención estatal.
Esta crisis de la democracia no es particular a México. A nivel global la representatividad y legitimidad de la democracia liberal se pone en duda. En Europa la socialización de la deuda privada y sus resultados, los crecientes niveles de desempleo y la venta de los futuros de trabajadores y trabajadoras, demuestran la erosión de un sistema que privilegia al mercado sobre la democracia. En México no somos ajenos a estas socializaciones de la deuda privada. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) es condena futura creada a través de decisiones que siguen siendo parte del imaginario político del grupo en el poder y de las políticas que sostienen privilegios y sumen al país en una espiral de pobreza, violencia, desigualdad y desesperanza. La baja participación en votaciones, el desinterés constante en lo político, y la sátira como último recurso del ciudadano frente a un poder que no lo ve ni lo oye, son también ejemplos de la erosión de un sistema que ya no da para más, pero que, siendo fuente de privilegios incalculables, se niega a dar paso a uno que abra no sólo la vida partidista, sino la democracia, a los ciudadanos.
De este otro futuro posible, uno en el cual los ciudadanos, en colectividad a individualidad, puedan influir no sólo en la figura que el partido elige, sino en la forma en la cual el gobierno se estructura y transforma la realidad, hay ya varios ejemplos. Estos se presentan en los distintos niveles de gobierno y también en organizaciones que se asumen como construcciones de poder fuera de la toma del estado. En el primer caso, existen los presupuestos participativos o los programas de mejoramiento barrial en el Distrito Federal, y sus contrapartes en Venezuela o Brasil, por ejemplo. En el segundo, los movimientos rizomáticos como #YoSoy132, Occupy Wall Street o los Indignados buscan, al margen de la institucionalización política, provocar cambios profundos en las estructuras democráticas desde lo local hasta lo global.
Abrir la democracia significa no sólo buscar construir poderes colectivos en los márgenes de las instituciones y estructuras de poder ligadas al estado. Significa también, desde los márgenes, asaltar las ideas de representatividad, elaboración de políticas públicas y construcción del estado. Abrir la democracia significa crear las condiciones para que los colectivos marginales participen de la institucionalización de la vida política, a la par que construyen la vida política como un espacio de deliberación colectiva e incluyente y de decisión horizontal. Abrir la democracia significa superar la idea de representatividad de la democracia liberal por la de participación de las democracias de alta intensidad. Abrir la democracia significa llevar a la práctica diaria la idea de que los ciudadanos pueden y deben transformarse en sujetos de la vida política y no en objetos de la política estatal.
Sin embargo, abrir la democracia requiere de algo más. En México, la distancia el ingreso de la clase política y el salario mínimo es la más grande en América Latina (Merino 2014). El poder que los partidos buscan defender no es sólo el de adueñarse de la política, sino el de lucrar y enriquecerse a costa de ella. Los oídos que prestan a los otros poderosos, los que poseen las fábricas, minas, medios de comunicación y tantas otras instancias que explotan y normalizan la explotación, a menudo se confunden con las bocas que susurran. El grupo en el poder se identifica plenamente con la clase dominante. Lo hace, además, de forma abierta. La disparidad en el ingreso y su descarado sostenimiento (incrementar el salario mínimo disminuye la creación de empleos, dicen los avezados empresarios que lucran con la miseria) son también obstáculos para la construcción de una democracia de alta intensidad. La pobreza es la condición que crea los espacios en los que las clientelas y los fieles son cosechados por los gobiernos y partidos que aspiran a mantener la desigualdad como fuente de poder y de riqueza para ellos y sus iguales.
Abrir la democracia, pues, significa abolir las prácticas de explotación que sumen a México en obscuridades inconcebibles desde la comodidad del procesador de textos y el sillón de un café. Los pueblos que hoy luchan ya no por participación o por la libertad de expresión, sino por la posibilidad de una vida digna o, incluso, de la mera supervivencia, son el termómetro de nuestra vida democrática. En Guerrero, las minas a cielo abierto amenazan a los pueblos y a la tierra. En el Estado de México, la ampliación del Sistema Cutzamala muestra la persistencia de una concepción de lo público que excluye al marginado y normaliza la dominación económica y de una cultura hegemónica. En Chiapas, el acoso a las bases de apoyo zapatistas ejemplifica el retorno de las políticas que buscan recrear la dominación paternalista del estado frente a las prácticas de autogobierno y autonomía que le desafían. En las periferias de nuestras ciudades, desde las casas de cartón y lámina, están los trabajadores pauperizados que no pueden pensar en la participación política, a menos que esta signifique el ejercicio de un derecho a vivir dignamente, a ser partícipes reales del mejoramiento de sus barrios, sus vidas y los futuros que construyen colectivamente.
Transformar las construcciones económicas, legales y culturales que reproducen y normalizan la exclusión es la primera práctica necesaria para abrir la democracia. Conquistar espacios que, desde los márgenes, permitan modificar las instituciones que les sostienen es una vía pacífica para una transformación profunda. Otra vía anda ya armada en las serranías de nuestro país. Abrir la democracia es una vía para construir paz con equidad y justicia.
