(23 de abril, 2014).- Supuestos abusos cometidos contra habitantes de las comunidades de El Arrayanal, ejido de Canoas, Huizcolote, El Ciruelito, Cedros, El Llano, La Marina y Loma de Ávila Camacho, localizadas en Manzanillo, Colima son investigados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que la actividad minera de la empresa RM Pacific Group pone en riesgo sus cultivos y el agua proveniente de ríos y manantiales.
Los ejidatarios colimenses en voz de sus líderes solicitaron a las autoridades pertinentes impedir el funcionamiento de la minera en el lote conocido como “Eva”, en El Arrayal, donde iniciaron la extracción de hierro, para lo cual comenzaron una numerosa tala de árboles que para los habitantes supone un gran daño ambiental; la empresa se defendió alegando que poseían permiso para hacerlo.
Ante ello, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Ombudsman nacional, envió a un grupo de visitadores a Colima con el fin de recabar información pertinente para dar paso a las pesquisas, además de solicitar al Sexto Visitador General iniciar una investigación exhaustiva en las comunidades y brindar atención continua al caso.
De acuerdo con un reporte de Proceso en su versión digital, fueron directivos del Ejido Canoas, de Manzanillo quienes presentaron la denuncia formal contra RM Pacific Group S.A. de C.V. ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por lo que llamaron “ecocidio”.
Liderados por Manuel Campos Muñoz, presidente del comisariado ejidal, los 23 ejidatarios se entrevistaron el pasado lunes con Ciro Hurtado Ramos, delegado de la Profepa, a quien demandaron poner fin a las actividades mineras, dado que las aguas afectadas no sólo favorecen al ejido de Canoas, sino a las demás comunidades.
Ante el delegado de la dependencia federal, cuestionaron el hecho de que se otorguen los permisos a la empresa para la tala de árboles y entregaron fotografías que exhiben el daño ambiental provocado, en respuesta, Hurtado Ramos aclaró que su delegación no expide dichos permisos, sin embargo se comprometió a investigar los hechos y advirtió que si la minera no posee la autorización de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no sólo se cancelará el proyecto, también se aplicarán sanciones y ordenará la reforestación en la zona.
