(21 de Noviembre, 2013).- Con 37 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló en lo general a que se aumenten hasta en 50 por ciento las penas de los delitos de lesiones dolosas y homicidio contra policías que vigilan mítines, manifestaciones o actos públicos de esparcimiento, deportivos o recreación.
Ejemplo del nuevo dictamen es que ahora las penas por actos ilícitos -como robo y daños a la propiedad- aumentarán la mitad si los actos son cometidos por personas que participan de algún mitin, manifestación, plantón, marcha o acto público; también el asesinato de un policía que vigile una concentración pública recibirá un castigo de hasta 30 años, cuando antes se tipificaba de 8 a 20 años; los que agredan a un elemento del cuerpo de policías podría recibir hasta 12 años de cárcel, en comparación de las sanciones vigentes que suscriben hasta 8 años de prisión.
Todo ello se ha establecido en el Código Penal del Distrito Federal.
Algunos diputados que votaron a favor de las medidas, como Arturo Santana Alfaro, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguraron que no se pretende criminalizar la protesta social, sino castigar los actos violentos en las concentraciones públicas y sancionar a quienes se dicen manifestantes y sólo generan disturbios.
Por su parte, Antonio Padierna Luna, también diputado del sol azteca, sostuvo que el objetivo de las medidas es evitar la infiltración de provocadores en los movimientos sociales, protegiendo los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y de manifestación.
Sin embargo, también se escuchó una voz disidente como la del diputado Alejandro Ojeda, también del PRD, quien rechazó el dictamen al señalar que lo único que se pretende al avalar esas medidas es criminalizar la protesta social.
Esta noticia se da en el momento más álgido de críticas por parte de organizaciones sociales y organismos internacionales de derechos humanos que han repudiado el hostigamiento a la protesta social y la persecución política que el Gobierno del Distrito Federal, dirigido por Miguel Ángel Mancera, puso en marcha a partir del 1 de diciembre y que cada vez es más violenta, principalmente con los jóvenes y estudiantes.
Al parecer, la guerra por el control y la gestión del territorio ha iniciado de manera oficial en la Ciudad de México y con ello la sistematización de la vigilancia, estableciendo un estado de sitio que inocula la desconfianza, la criminalización y el desprestigio. Ahora quedará en los ciudadanos proteger las zonas de rebelión, aquellas que mantienen las calles abiertas, políticamente, para la defensa de derechos que históricamente tanto han costado al pueblo de México.
