(27 de noviembre, 2013).- Esta mañana, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el primer foro para analizar la regulación de marchas en la Ciudad de México.
En este foro, el diputado Manuel Granados Covarrubias declaró que la ALDF no tiene competencia para legislar en el tema, pues la iniciativa panista “tiene que ver con derechos concurrentes, derechos constitucionales. La Asamblea Legislativa no tiene atribuciones para regular en una ley secundaria un derecho constitucional, es competencia exclusiva del Congreso Federal; de lo que sí somos competentes es de la revisión del marco normativo local donde se habla de estos temas, como la Ley de Transportes y la Ley que regula el uso de la fuerza”.
Al ser cuestionado sobre los enfrentamientos suscitados el martes 26 sobre avenida Paseo de la Reforma entre presuntos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y policías, el diputado del Partido de la Revolución Democrática declaró que “en el libre ejercicio de los derechos no podría haber en un segundo momento una autorización o una permisividad para que se lesionen otro tipo de derechos de los habitantes de la Ciudad. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la violencia o con regular actos que, lejos de ser un ejercicio constitucional, lo único que han hecho es retar a la autoridad”.
El perredista recordó que recientemente la ALDF aprobó reformas al Código Penal, a pesar de ser éstas disminuidas tras los detenidos en la jornada de manifestaciones el día primero de diciembre del 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, al ser considerado como delitos políticos, se pidió la derogación del artículo 362 del Código Penal.
Covarrubias señaló que el agravamiento del delito tiene como fundamento que “se agrave la pena a quienes en el ejercicio de un derecho lo utilicen para agredir a la autoridad o a los ciudadanos en términos de robo, lesiones, daño a propiedad u homicidio”, ya que, aseguró, una cosa es la manifestación o protesta social “y otra es una revisión de los derechos constitucionales de las y los ciudadanos”, motivo por el cual aseguró se debe hacer una revisión amplia alrededor de los “derechos de los ciudadanos”.
“Quien tiene derecho a manifestarse -que eso no puede bajo ninguna circunstancia impedirse-, también debe garantizar que quien tiene un derecho constitucional al libre tránsito, al desarrollo económico, al desarrollo profesional, pueda darse en estas circunstancias en un equilibrio entre ambos”, resumió el perredista.
