San Francisco de Campeche, Campeche – En un sorpresivo operativo que duró cerca de dos horas, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional catearon la madrugada de este lunes una propiedad en la exclusiva zona “Lomas del Castillo”. La vivienda pertenece al excandidato panista a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila Lizárraga, quien es acusado por las autoridades estadounidenses de corrupción.
Un escándalo de sobornos y contratos
El operativo federal es parte de una investigación que se desató luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a Ávila Lizárraga y a otro empresario, Ramón Alejandro Roviroza Martínez, de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021. Según la acusación, ambos habrían ofrecido al menos 150 mil dólares en sobornos, que incluían artículos de lujo y pagos en efectivo, para manipular licitaciones y obtener contratos para empresas de Roviroza por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.
El cateo, que inició a medianoche, contó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Campeche. Durante la diligencia, el personal federal extrajo varias bolsas negras con documentos y objetos de la propiedad. Cabe destacar que, si bien la vivienda pertenece a Ávila Lizárraga, actualmente está habitada por el empresario José G.G.P.
La trayectoria política y empresarial de Ávila Lizárraga
Mario Ávila Lizárraga no es un personaje desconocido en el ámbito político y empresarial. Fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche y en 2009 fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de ese estado. Además, se desempeñó como subdirector de Mantenimiento y Logística en Pemex Exploración y Producción de 2010 a 2012.
Su nombre también está ligado al de figuras políticas importantes, como el expresidente Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño, quien fuera Secretario de Gobernación.
Actualmente, Ávila Lizárraga, quien tiene residencia legal en Estados Unidos, se encuentra prófugo de la justicia, mientras que su socio, Ramón Roviroza, ya compareció ante un juez. Ambos enfrentan cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y de ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. La FGR ha tomado cartas en el asunto en México, lo que indica que la investigación se ha extendido a ambos lados de la frontera.
