(27 de marzo, 2016).- El titular del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Guillermo Tamborrel Suárez, anunció que en Querétaro, existe un vacío jurídico que permite que actualmente el 55% de los llamados anexos para desintoxicación de alcohólicos y adictos opere de manera irregular y no puedan ser clausurados.
De acuerdo con el funcionario, en estos centros ‘supuestamente’ se tratan adicciones, trastornos mentales o alimenticios y alcoholismo, pero en ellos existe un vacío jurídico que ha propiciado una ausencia de responsabilidad institucional. “Esto permite que los internos vivan abusos y tratamientos sin el personal capacitado”, explicó.
Agregó que “en el Estado, de los 90 centros identificados por el CECA, al menos 50 de ellos deberían de ser clausurados al no contar con estándares médicos adecuados para preservar la integridad física, mental y psicológica de los pacientes”.
También sostuvo que, de este total, sólo 10 cuentan con certificaciones legales, mientras que 30 operan sin avales oficiales, pero funcionan adecuadamente. En febrero de este año, a consecuencia de actos de tortura, murió un joven en un anexo llamado Tercer Paso, Vida y Voluntad, ubicado en la Colonia Azucenas.
Estos hechos, explicó Tamborrel Suárez, “provocan una serie de interrogantes sobre la situación en la que viven estos pacientes, así como sobre el panorama jurídico actual que permite el funcionamiento de estos centros de rehabilitación”.
