(21 de agosto, 2014).- El coordinador del Programa de Asuntos Migratorio de la universidad Iberoamericana, Javier Urbano Reyes, señaló que a pesar de la complicación del fenómeno migratorio, las políticas gubernamentales aplicadas siguen siendo las mismas, aquellas orientadas a contener el flujo de migrantes.
Urbano Reyes reconoció que México además de ser una país de tránsito, origen y expulsión de migrantes, ahora además es un país de deportados con hijos con ciudadanía estadounidense con migrantes niños, mujeres y ancianos, los sectores más vulnerables al crimen y a los abusos de la autoridad.
Ante esta situación, el investigador considera indispensable cambiar las actuales políticas por una gestión de fronteras, pues poner mayores obstáculos a los migrantes – como instalar durmientes para que los migrantes no puedan abordar el tren- sólo eleva las posibilidades corrupción de las autoridades para que los dejen pasar, así como la elevación de costos de traslado y contratación de traficantes para que los pasen a Estados Unidos.
A pesar de las cuantiosas propuestas, Urbano Reyes no ve ninguna posibilidad de cambio de las políticas migratorias, por lo que prevé que sea la sociedad civil la que cargue con la responsabilidad de resolver, al menos por momentos, el fenómeno.
Señaló que el informe sobre que migración que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen una función de denuncia de las actual situación y de evidenciar el si bien México tiene un discurso de defensa de los derechos de los migrantes, este no se traduce en acciones concretas favorables a los migrantes.
Para el investigador, los avances que en materia de migración registra la Comisión solo son normativos, en la creación de leyes, pero que, sin embargo, no pueden ser evaluados ni en su ejecución, ni en aplicabilidad.
Según Urbano Reyes, existe una nulidad en los efectos de las leyes aprobadas, pues las acciones actuales sólo se han enfocado en prohibir y tratar de impedir que los migrantes recorran el territorio mexicano como pasillos creando barreras y estableciendo obstáculos.
Estas medidas, dijo, además de que no responden al discurso que tiene el gobierno, tampoco resuelven el fenómeno pero si lo complican. Si se quiere resolver el actual problema se tienen que gestionar las fronteras y ampliar los mecanismos de movilidad temporal, además de crear incentivos para que la gente no necesite emigrar de su lugar de origen, señaló.
Además, se tienen que concretar convenios de intercambio de información sobre migración en Centroamérica, revisar la posibilidad de establecer acuerdos de movilidad de trabajadores en la frontera sur y armonizar las leyes de México para la persecución de delitos como el secuestro, la trata de personas o la extorsión.
