Por: Enrique Legorreta
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Apple fue la compañía más rentable del 2012: sólo en el último trimestre registró ganancias por más de 13,078 millones de dólares. Sin embargo, fuera de Estados Unidos este desempeño financiero no se ve reflejado en su éxito jurídico.
La compañía fundada por Steve Jobs ahora ha perdido el uso de la marca “iPhone” en Brasil, al ser derrotada en un litigio con la compañía Gradiente Eletrônica. El Instituto de Propiedad Industrial de Brasil (INPI) ha validado el registro de iPhone por la empresa brasileña Gradiente Eletrônica, determinando que Apple viola propiedades de registro de marca en aquel país y señalando que no podrá comercializar este nombre como suyo. El fabricante brasileño de artículos electrónicos había solicitado desde 2000 el registro del nombre y recibió el permiso para usarlo durante el 2008, año en que se lanzó el primer iPhone de Apple.
A finales del año pasado la empresa brasileña sacó un teléfono con sistema operativo Android llamado iPhone Gradiente, por lo que Apple no puede comercializar un producto con nombre similar. Gradiente anunció mediante un comunicado a sus inversionistas que posee los derechos sobre el término iPhone hasta 2018.
La empresa estadounidense todavía puede apelar la resolución, aunque se especula que buscaría un arreglo económico para usar en Brasil el nombre del dispositivo que se ha vuelto sinónimo de teléfono inteligente en todo el mundo.
La primera derrota
Apple ya había perdido los derechos de uso de la marca iPhone en un litigio local cuando, en octubre del 2012, el 18° Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa le negó un amparo ante iFone S.A de C.V, dejando establecido que iFone es dueña legitima del nombre y por lo tanto puede hacer uso comercial del mismo.
En abril del 2003 iFone registró el nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que al salir a la venta el primer iPhone en 2008 comenzó un largo litigio entre dicha compañía de call center y el gigante de la tecnología. Las sanciones correspondientes se determinaron hasta con 20,000 días de salario mínimo (cerca de $1, 246, 000 pesos). El 6 de febrero de 2013 el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal negó la suspensión de las posibles medidas que el IMPI podría ordenar en su contra.
