(4 de enero, 2014).- En el 2013, 16 civiles recibieron condena, por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar –denominada también como el Proceso de Reorganización Nacional– que asoló a la Argentina entre los años 1976 y 1983.
Entre los 16 civiles se encuentran ocho personas que participaron en la adopción ilegal de bebés robados de mujeres detenidas y desaparecidas en el régimen. Tres de las ocho fueron esposas de integrantes de las fuerzas de seguridad.
También se hallaron culpables a seis agentes civiles de inteligencia de cuerpos militares y policiales, una médica relacionada con los partos de bebés robados de las desaparecidas, así como un abogado relacionado con la detención ilegal y tortura en contra de un sindicalista.
La cifra de civiles acusados por delitos de lesa humanidad asciende a 272, de un total de 2 mil 335, de los cuales 927 han sido arrestado, de éstos 520 han sido condenados y los restantes, 407, se encuentran en prisión preventiva.
Del total de civiles acusados entre los que se encuentra personal civil de Inteligencia, sacerdotes o médicos. Pero resalta el hecho de que 53 de ellos trabajaban o trabajan en el Poder Judicial, entre fiscales, asesores de menores, defensores, secretarios y jueces, según señala el diario argentino, Página12. Muchos renunciaron a sus puestos, otros fueron destituidos y algunos más continúan en funciones.
Al menos 32 eran jueces, pero tan solo el ex juez, Víctor Brusa, ha recibido sentencia en el año de 2009. Algunos de sus colegas se encuentran en proceso de investigación, o sentencia o como lo son los casos de Luis Miret y Otilio Romano, en espera de sus juicios orales. Entre los delitos cometidos por las 53 personas relacionadas con el Poder Judicial se encuentran hacer caso omiso de las peticiones de información de personas que buscaban a sus familiares desaparecidos, impedir el acceso a la justicia
Por colaborar en el ocultamiento de cadáveres, respaldar la represión ilegal, participar en el robo de bebés así como en la apropiación ilegal de niños, o intervenir en los interrogatorios en los que se torturaba a los detenidos, delatar a abogados defensores de las víctimas de persecución, entre otros delitos.
Las acciones en contra de funcionarios judiciales se entiende hoy como una forma de justicia que durante la dictadura militar estuvo inactiva. Y que luego de 1983, el poder judicial siguió en funciones bajo los mismos parámetros con los que se operó durante el denominado El Proceso de Reorganización Nacional, lo que en alguna medida explica, que funcionarios del Poder Judicial se mantengan hasta hoy día en sus cargos.
Sin embargo las estadísticas y procesos penales en contra de actores del régimen militar, avalan a los últimos años de gobierno kirchneristas en avances en materia de justicia.
