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Avanza en San Lázaro reforma para sancionar como delincuencia organizada la defraudación fiscal y la falsificación de facturas

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Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal avalaron la minuta de la reforma del Senado de la República que equipara la facturación falsa y la defraudación fiscal como delincuencia organizada.

Los legisladores federales aprobaron la minuta sin modificaciones con 33 votos a favor y 10 en contra del PAN, PRD y PRI, además de que se registraron dos abstenciones del diputado del PES, Iván Arturo Pérez Negrón, y de la morenista Martha Patricia Ramírez Lucero.

Sin embargo, los partidos políticos presentarán reservas para revertir la clasificación de prácticas como la delincuencia organizada, así como la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

Los legisladores de Morena y el PES señalaron que el proyecto de reforma es desproporcionado y violatorio de los derechos humanos que generará terrorismo fiscal y con acciones de inconstitucionalidad.

Lorena Villavicencio, diputada de Morena, dijo que está en contra de las facturas falsas y las empresas fantasma para equipararlas con delincuencia organizada desmantela el sistema penal acusatorio.

“No podría estar a favor de esta propuesta, porque también estamos afectando seriamente, estamos desmantelando la reforma que implicó la modificación a varios artículos, que implicó instaurar el sistema integral de garantías sobre la base de garantías que deben regir en cualquier sistema de justicia penal”, añadió.

“No debemos equiparar este tipo de conductas que son totalmente ilegales con delincuencia organizada nada más por darle vuelta al artículo 19 de la Constitución, me parece que sienta un mal precedente y viola la Constitución”, agregó la diputada morenista.

Las reformas y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional, así como a los códigos Fiscal de la Federación, Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal estiman entre otros aspectos, tipificar la defraudación fiscal y la falsificación de facturas como delincuencia organizada e imponerles prisión preventiva oficiosa.

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