En medio de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó una postura contundente: ninguna persona puede ser detenida por presión política, especulación mediática o acusaciones sin sustento legal.
Desde Palacio Nacional, la mandataria defendió el principio de presunción de inocencia y aseguró que cualquier actuación fuera del marco legal representaría una violación directa a la Constitución y al compromiso asumido por su gobierno de respetar el Estado de derecho.
“Lo peor que podría pasar es que ocurriera esto y sin pruebas se detuviera a una persona. Tú no puedes detener a una persona sin pruebas, nada más porque políticamente o porque en los medios dijeron que era culpable […] Yo sería incapaz de tomar una decisión política para detener a alguien, imagínense. ¿Cómo? Estoy violando la ley y yo me comprometí a velar por la Constitución y las leyes mexicanas”, expresó.
Sheinbaum reivindica la legalidad por encima de la presión política
La declaración presidencial surgió al ser cuestionada sobre el impacto político que podrían tener los señalamientos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diversos personajes vinculados con la vida pública de Sinaloa.
Lejos de asumir una postura basada en costos políticos o cálculos electorales, Sheinbaum sostuvo que la única ruta válida es la que establecen las instituciones y las leyes mexicanas.
Para la titular del Ejecutivo, permitir que una persona sea detenida únicamente por acusaciones mediáticas o intereses políticos significaría vulnerar derechos fundamentales y debilitar el sistema de justicia.
Por ello, insistió en que las investigaciones deben desarrollarse conforme a derecho y respaldarse con elementos probatorios sólidos antes de que pueda existir cualquier acción legal.
“Sólo la Fiscalía puede determinar responsabilidades”
La Presidenta enfatizó que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes realizar las investigaciones y determinar si existe o no responsabilidad penal de las personas señaladas.
En ese sentido, dejó claro que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de conducir las indagatorias y definir los pasos legales que correspondan.
Además, expresó confianza en el trabajo de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, a quien describió como una servidora pública con experiencia y profesionalismo para conducir este tipo de procesos.
Sheinbaum destacó que las investigaciones continúan en curso y recordó que incluso algunas de las personas mencionadas ya han sido llamadas a comparecer ante las autoridades correspondientes.
Transparencia y cooperación, sin renunciar a la soberanía
La mandataria también aseguró que su administración mantendrá una política de transparencia frente a la ciudadanía respecto a este tema y continuará informando sobre los avances que se registren para evitar especulaciones.
Al mismo tiempo, reiteró que México seguirá impulsando una relación de cooperación con Estados Unidos en distintos ámbitos, pero siempre bajo un marco de respeto a las instituciones nacionales.
La Presidenta sostuvo que la colaboración bilateral no implica renunciar a los principios constitucionales ni sustituir las atribuciones que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.
La Constitución como límite y como guía
La postura expresada por Sheinbaum coloca en el centro del debate un principio fundamental del sistema jurídico mexicano: nadie puede ser considerado culpable ni privado de su libertad sin pruebas y sin el debido proceso.
Por ello, la jefa del Ejecutivo insistió en que cualquier investigación debe desarrollarse dentro de los cauces legales y que las decisiones judiciales no pueden depender de presiones políticas, campañas mediáticas o intereses coyunturales.
Con este posicionamiento, el gobierno federal reafirmó que las acusaciones deben ser investigadas por las autoridades competentes, pero que cualquier determinación deberá sustentarse en pruebas, legalidad y respeto a la Constitución, no en cálculos políticos ni en juicios anticipados.
