(Entrevistas: madre y padre de Yaki, Norma Andrade y Robles Maloof)
El día 9 de diciembre Yakiri Rubio fue amenazada y secuestrada alrededor de las 8 de la noche por los hermanos Miguel Ángel y Luis Omar Anaya y llevada al hotel Alcázar de la colonia Doctores, donde fue violada. Cuando su vida corría peligro al ser apuñalada en el brazo izquierdo, pudo defenderse provocando una herida en el cuello de su atacante, Miguel Ángel, quien salió corriendo del lugar, tomó su motocicleta y llegó hasta la vecindad donde vivía.
Yakiri salió en busca de ayuda gritando que la habían violado, fue trasladada al Ministerio Público No. 50, de la misma colonia, para que presentara la denuncia y fuera atendida por las heridas que presentaba. Luis Omar Anaya acudió a la misma agencia para denunciar a Yaki por el asesinato de su hermano. Inmediatamente, y sin que se le fuera notificado a la denunciante, fue detenida por el delito de homicidio y trasladada al penal de Santa Marta Acatitla.
(31 de diciembre, 2013).- Pese a que las mujeres representan un porcentaje reducido de la población carcelaria con respecto a los hombres, en el interior del sistema penitenciario mexicano ellas son doblemente invisibles y doblemente vulnerables.
Ya la investigadora Elena Azaola ha documentado en varios trabajos que las mujeres han sido excluidas del discurso de la criminología y que la percepción estereotipada de las mujeres y de los hombres influye en un tratamiento diferenciado hacia ellas al momento de ser juzgadas: obtienen penas más severas, lo que impide la existencia de un trato justo para aquéllas que son criminalizadas.
Yakiri no es la primera en recibir un trato injusto en su proceso legal, tampoco es la única que, luego de ser víctima, pasa a ser victimaria. Su caso se suma a la lista de miles de mujeres –de cualquier estrato social, origen étnico y nivel educativo– que actúan en defensa propia después de haber sido violentadas con vejaciones, insultos y agresiones sexuales, mismas que han sido legitimadas y perpetuadas culturalmente en nuestra sociedad.
A partir de la década de 1970 las mujeres empiezan a ser sujetos visibles para el derecho penal, pero no por casualidad, sino luego de que el feminismo cobrara fuerza como una corriente política. Así lo documenta Azaola; según sus investigaciones, en promedio “las mujeres representan el 3.3% de la población en prisión en el mundo” y, sin embargo, son doblemente criminalizadas por los roles de género existentes en los que se les encasilla como débiles, delicadas y, por tanto, como personas subordinadas, por lo que el delito de homicidio -por ejemplo- ocasiona un repudio social mayor hacia ellas.
Las mujeres que se encuentran recluidas presentan una constante en sus procesos legales: son incomunicadas, no se les dicen sus derechos, reciben insultos, son golpeadas y hasta violadas por las autoridades. Yakiri Rubio recibió este mismo trato, sus padres fueron informados al día siguiente, y después de 13 horas, de que su hija estaba detenida y había sido trasladada al penal de Santa Marta Acatitla.
Tampoco se le notificó a Yaki que su calidad de denunciante había pasado a la de denunciada. En ese penal (Santa Marta) fue golpeada por otras reclusas, por lo que fue trasladada el 17 de diciembre al Centro de Readaptación Social de Tepepan. Este caso no hace más que evidenciar que el sistema penitenciario actúa bajo la dinámica de la construcción de géneros, perpetuando de esta manera las diferencias entre hombres y mujeres y revelando a su vez que ellas no son visibles para el sistema jurídico.
Que no la juzguen por ser mujer: Marina, madre de Yaki
Marina, madre de Yakiri, exige a la Justicia que “estudien el caso como debe ser, que no den un juicio a bote pronto, que no la juzguen por ser mujer; porque ella se defendió, ella defendió su vida. Si no lo hubiera hecho estaríamos ante un feminicidio más”.
En el Centro de Readaptación Social de Tepepan, Yakiri se encuentra resguardada en una zona de protección. Después de sufrir golpes y maltratos en el penal de Santa Marta su madre afirma que se encuentra “más tranquila” en lo que respecta a su propia seguridad y, en lo que toca a su estado de ánimo, se halla “muy agradecida por el apoyo que la gente le ha brindado y por todas estas campañas que se han creado en medios sociales para su defensa”.
Las irregularidades jurídicas del caso, así como la evidente discriminación sufrida por el hecho de ser mujer son un reflejo más de las limitaciones que vive nuestro sistema de Justicia. Una vez más se incumplió el debido proceso y, arbitrariamente, se criminalizó a una víctima de violación: “A ella nunca le mencionan que está detenida, nunca le dicen que cambió su situación jurídica de víctima a victimaria; además, eso fue a las 10 de la noche del lunes y nosotros nos enteramos a las 11 de la mañana del otro día”. dijo para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
No pedimos un favor, exigimos que cumplan su deber: José Luis, padre de Yaki
El catálogo de corrupción y desaseo jurídico que este caso representa se complementa con la cultura de corrupción imperante en el país. A sabiendas de la impunidad con la que comúnmente operan quienes tienen mayores recursos económicos, el Hotel Alcázar intentó sobornar a la primera abogada del caso, quien relata que le ofrecieron 5 noches de hotel en cualquier parte del país con tal de “dejar las cosas como estaban”.
Ante semejantes abusos e irregularidades, José Luis Rubio, padre de Yakiri, pide al jefe de Gobierno y a las autoridades correspondientes “transparencia en el proceso” para llegar al fondo de los hechos. Sin embargo, no sólo está en juego la libertad de su hija, sino las sanciones correspondientes a todos los actores de este monumento a la corrupción y la injusticia: “Nosotros pedimos que no se quede el hotel de estos españoles intocable, que el MP, los peritos, los policías, toda esa gente que estuvo involucrada, que no se quede riéndose de nosotros, que no nos digan, ah, ya sacaron a su hija ya no estén chingando, que sentemos precedente. Hasta del Gobierno del Distrito Federal (GDF) se anotaría un punto al hacerlo, ahora que hay mucho coraje, hay mucha molestia por lo del Metro y por la criminalización de la protesta social”, aseveró en entrevista personal.
A pesar del mensaje dirigido al GDF, los familiares saben bien que la instancia que actualmente lleva el caso es el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Por tal motivo, José Luis Rubio afirma que es necesario “enfocar todas nuestras baterías al Magistrado presidente Edgar Elias Azar que es el que debe ver el caso, a él y sus jueces”. Su llamado, sin embargo, no debe interpretarse como la petición de un favor, sino como la exigencia del cumplimiento adecuado de su deber: “Ellos tienen que apegarse a los protocolos y a los estándares que ha firmado el gobierno mexicano en casos de violaciones, pues en casos de abusos a las mujeres se debe aplicar de otra manera la justicia”.
Luchas solidarias, Norma Andrade
Norma Andrade es fundadora de “Nuestras hijas de regreso a casa”, Asociación Civil de madres cuyas hijas fueron vÍctimas de feminicidio. Lilia Alejandra García, hija de Norma, fue hallada asesinada en febrero de 2001 con signos de violencia física y agresiones sexuales; desde entonces, Norma se ha vuelto una incansable luchadora por los derechos de las mujeres. En solidaridad con Yakiri, ha arribado al Distrito Federal desde Ciudad Juárez para caminar junto a sus familiares exigiendo justicia.
De su boca curtida por la lucha brotan palabras de auténtica indignación: “Es necesario hacerle ver al gobierno que ya basta, ¡ya basta!. No puede ser posible, no hay congruencia entre lo que dicen y lo que sucede en la realidad. Afirman que los jueces, los magistrados, los ministerios se están capacitando en el extranjero con una preparación con perspectiva de género, pero estamos viendo que es todo lo contrario. No puede ser posible que a una víctima la tengan detenida por defenderse de su agresores, entonces, ¿dónde está la congruencia de lo que dicen y sus acciones?”.
Para Norma resulta necesario alzar la voz en este país pues sólo así casos como el suyo o el de Yakiri pueden visibilizarse. Su tragedia personal, la ha hecho despertar y ver con otros ojos la terrible realidad de este país: “después de vivir el asesinato de mi hija me di cuenta de lo que estábamos viviendo en el país, lo que realmente tenáamos como gobierno, cosa que yo desconocía hasta ese momento. Poco a poco he conocido lo que pasa y, también, poco a poco, me he ido capacitando en leyes, en derechos humanos, en la manera en que nosotros como ciudadanos o como víctimas podemos exigir al gobierno que nos den respuesta a nuestras situaciones”, explicó en entrevista para REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
Agencia 50 con negros antecedentes: Robles Maloof
En palabras del abogado y defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof, “el caso de Yakiri ilustra una vez más la nula protección de los derechos de las mujeres en el país, exhibe el fracaso de la justicia en México y concretamente la alianza entre el poder judicial del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) en temas relevantes”.
Robles Maloof tiene una opinión muy crítica acerca del trabajo que realiza el Ministerio Público, en particular “la Agencia 50 es una agencia de muy negro antecedente desde el primero de diciembre (#1DMx). Es una agencia que trabaja bajo consignas políticas, se supone que es la agencia central y debería tener más especialización y no la tuvo, me parece lamentable que el procurador Rodolfo Ríos Garza (PGJDF) sea incapaz de corregir las irregularidades”.
En lo referente al proceso legal, Robles Maloof, entrevistado durante la marcha que se llevó a cabo el día sábado por la Liberación de Yakiri, señaló que éste se inició con “la absoluta negación del protocolo de la Norma 46 que establece que una persona que es agredida sexualmente debe recibir inmediatamente atención integral de la salud, además en un caso totalmente insostenible pasa de ser denunciante a ser acusada y a ser consignada sin flagrancia y sin orden de presentación u orden judicial, me parece lamentable ante la exhibición de las evidencias el procurador no haya corregido, me parece que amerita ya su renuncia”.
Avances en el caso
El día de ayer, la abogada defensora de Yakiri, Ana Katiria Suárez Castro, informó que el peritaje en psicología realizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), muestra “tajantemente” que Yaki fue agredida sexualmente, presenta secuelas emocionales y afectaciones psicológicas, por lo que luego del estrés post traumático ella actuó en defensa propia. En esta semana se sumará esta prueba al expediente para que se emita orden de aprehensión al otro agresor, Luis Omar Anaya, por los delitos de secuestro y violación.
Fotos: Facebook pagina comunidad: Yakiri Libre
