- Las abogadas señalaron que las víctimas tienen derecho a elegir a su representación jurídica en cualquier etapa del proceso penal y pidieron que esta garantía sea respetada por las autoridades judiciales.
Organizaciones de abogadas en Chiapas denunciaron presuntos actos de violencia institucional y abuso de autoridad durante una audiencia judicial relacionada con un caso de violencia familiar en el Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas. La acusación fue presentada por la Red Intercultural de Abogadas de Chiapas, que solicitó la intervención del Poder Judicial estatal para revisar la actuación del juez encargado del proceso.
De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron el 10 de marzo durante la audiencia inicial de un procedimiento penal en el que una mujer se presentó en calidad de víctima por los delitos de violencia familiar y despojo. En un pronunciamiento público, las integrantes de la red señalaron que durante el desarrollo de la diligencia se habrían vulnerado derechos procesales de la denunciante, lo que motivó su inconformidad y la solicitud de una revisión institucional del caso.
Las abogadas señalaron que las víctimas tienen derecho a elegir a su representación jurídica en cualquier etapa del proceso penal y pidieron que esta garantía sea respetada por las autoridades judiciales. Asimismo, demandaron que el órgano jurisdiccional actúe con imparcialidad y garantice condiciones de igualdad para las partes involucradas en los procedimientos.
Ante la situación, la agrupación solicitó la intervención del magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, con el objetivo de que se analicen los hechos denunciados y se determine si existieron irregularidades durante la audiencia. También pidió que se refuercen las medidas institucionales para asegurar el respeto a los derechos de las víctimas dentro del sistema de justicia.
El caso se suma a otras demandas de organizaciones civiles que han insistido en fortalecer los mecanismos de atención a víctimas de violencia familiar y en consolidar procedimientos judiciales con perspectiva de género, en coordinación con las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en el país. Diversas autoridades federales y estatales han impulsado en los últimos años políticas públicas orientadas a ampliar la protección y el acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia.
