El conductor de la pipa que provocó la explosión en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, se encuentra en estado crítico y bajo custodia médica, mientras las autoridades determinan si será judicializado, informaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó la cifra de víctimas: ocho personas fallecidas y 94 lesionadas, de las cuales 23 permanecen en estado crítico y 10 han sido dadas de alta tras recibir atención médica especializada.
“se encuentra en situación crítica y está custodiado” señaló Brugada en conferencia ante la presencia de los medios.

Alcalde Luján, informó también que en el lugar del siniestro trabajan especialistas en criminalística, química de incendios, explosiones y tránsito terrestre para esclarecer las causas del accidente. Señaló que, dentro de las líneas de investigación, se incluye la posibilidad de un exceso de velocidad por parte del conductor y adelantó que los primeros peritajes sobre este punto están por concluir, aunque de manera preliminar se considera probable que esa haya sido una de las causas del siniestro.
La investigación sobre las causas del accidente sigue a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, y se mantiene el seguimiento a la situación legal del conductor, conforme a los protocolos que aplican en casos con múltiples víctimas.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, explicó que la circulación de vehículos con carga peligrosa está regulada en el artículo 27 del Reglamento de Tránsito, el cual establece que este tipo de unidades deben ajustarse a rutas, horarios e itinerarios autorizados por las autoridades. Detalló que, en el caso del siniestro en Puente de la Concordia, la pipa transitaba por una vía primaria habilitada para ese tipo de transporte, al no contar con rutas alternas de incorporación.

Para finalizar, la jefa de Gobierno anunció que instruyó a la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con la Agencia de Gestión Integral de Riesgos, la elaboración de un nuevo protocolo de circulación para vehículos que transporten hidrocarburos o materiales peligrosos, con el objetivo de evitar que hechos como este se repitan y mejorar la seguridad vial en la capital.


