Misael Rojas / @misa_elr
(22 de junio, 2014).- Los 5,3 millones de desplazados han puesto a Colombia como el segundo país con más refugiados internos, sólo después de Siria que tiene 6,5 millones a causa de su guerra civil. Una gran cantidad de personas han abandonado sus posesiones en el campo y han emigrado a las partes más empobrecidas de las urbes y la mayoría ya no regresa a sus lugares de origen.
Estos movimientos migratorios se deben principalmente a los grupos armados ilegales que se encuentran en las diversas zonas del país. De entre las zonas más afectadas se encuentran las del oeste de Colombia. El Valle de Cauca ocupa el primer lugar en conflictividad, y se debe al rearme de las bandas criminales luego de que se desarmaran las Autodefensas Unidas de Colombia. La región de Antioquía ocupa el segundo lugar, donde se hacen presentes grupos delictivos de Medellín.
Otras regiones que sufren de esta situación son aquellas que se encuentran en los corredores de la droga y de las armas, como la el departamento El Chocó, estratégico por su ubicación a orillas del Océano Pacífico; o la región de Nariño, zona colindante con Ecuador. Al haber demasiados grupos delictivos y armados, se desatan continuamente trifulcas por la ocupación de los territorios, lo que deja a los habitantes en fuego cruzado y los obliga a emigrar.
La etapa crucial de los traslados humanos se dio durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe, tiempo en que se registraron hasta 2, 400,000 de inmigrantes del campo a la ciudad. Esta cifra se ha reducido sustancialmente durante el gobierno de Juan Manuel Santos, periodo en que bajo el índice de migración hasta los 675,000 habitantes.
El Estado Colombiano dispone de un paquete de ayudas para los desplazados que consiste en el otorgamiento de un subsidio mensual para alimentos y alquiler. También, con la aprobación de la Ley de Victimas, se estableció que aquellos que pudieran acreditar que su desplazamiento había sido forzoso, tenían el derecho a una compensación equivalente a diecisiete salarios mínimos (10. 470.000 de pesos).
El gobierno ha ofrecido garantías para las personas que deseen regresar a ocupar sus antiguos territorios, sin embargo, aunque hay personas que si lo han hecho, una gran mayoría ha optado por permanecer en las ciudades, con todas las carencias que eso significa.
Foto: Vanguardia
