(20 de mayo, 2014).- Fue en 2011 cuando Rafael Moreno Valle asumió la gubernatura de Puebla por el Partido Acción Nacional (PAN), un ex priista que fuera asesor de Andrés Aguirre Aguilar, el director de Normatividad de Derechos Humanos por parte de la Secretaría de Gobierno en 1991, dentro del periodo salinista.
Ahora, a casi tres años de su mandato, la principal polémica con su nombre de por medio, está relacionada, irónicamente, con la violación e indiferencia ante los derechos humanos de la entidad a su cargo; esto sin contar sus vínculos con Televisa, TV Azteca, Elba Esther Gordillo, así como casos de ‘donaciones’ de tierras a diversos empresarios, construcciones millonarias fallidas, la inversión masiva en auto propaganda y la remodelación de su residencia oficial de gobierno.
Este individuo es también, hoy por hoy, uno de los principales aspirantes panistas a la candidatura por la presidencia de la República en las próximas elecciones del 2018.
Al paso de estos tres años, al parecer, los derechos humanos se han convertido en el principal enemigo de Moreno Valle, pues desde 2011 ya se daban a conocer cifras negativas para lo que se supone deberían ser ‘garantías’ individuales básicas.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de aquel año, ubicaba a Puebla en el 8° lugar en materia de violencia a nivel nacional, mientras que la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Ileana Galilea Cariño Cepeda, difundía que 3 millones 500 mil mujeres poblanas habían sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual –además del incremento de los feminicidios– sin que las autoridades aplicaran protocolos especializados ni llevaran a cabo los procesos adecuados para ejercer justicia.
En mayo del 2012, José Enrique Morales Montaño, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) era secuestrado al tiempo que amenazaban de muerte a su directora, Blanca Velázquez, tras varios antecedentes de agresiones en su contra desde agosto del 2011. A le fecha, el CAT ha desaparecido y sus integrantes tuvieron que autoexiliarse del estado.
Cinco meses después de aquel atentado, los jóvenes periodistas Jesse Brena y Gerardo Rojas eran golpeados y asaltados por policías estatales, coincidiendo con las estadísticas que ubican a Puebla como el sexto estado con más agresiones a periodistas.
Por otro lado, para el 2013 quedaba en evidencia la situación de los presos en Puebla, con una calificación de 6.02 en el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria, debido a las precarias condiciones de higiene, salud, atención psicológica integral, infraestructura y violencia por parte de los custodios.
En cuanto a la criminalización de la protesta y el despojo de derechos ciudadanos, Moreno Valle no se ha visto nada tímido. El 3 de mayo del 2013 tres jóvenes fueron detenidos y acusados de un presunto plan ‘terrorista’ en el que supuestamente habrían de boicotear el desfile del 5 de mayo, al cual acudió Enrique Peña Nieto. A pesar de que nunca se presentaron evidencias, los inculpados fueron torturados e inculpados por delitos menores, quedando libres sólo después de desembolsar cerca de 30 mil pesos como fianza.
Un mes antes de esto, los defensores de derechos humanos, Tamara San Miguel y Eduardo Almeida habían denunciado públicamente haber sido víctimas de amedrentamiento y hostigamiento en su domicilio particular.
De esta forma, el listado de eventos en lo que apenas es la mitad del mandato de Moreno Valle en Puebla podría continuar. Sin embargo, el panista no está solo en su lucha por la omisión de los derechos humanos; a su lado destaca la participación del ombudsman estatal, Adolfo López Badillo, quien comenzara a dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla (CEDHP) en julio del 2011 –casi seis meses después de la toma de protesta de Moreno Valle– con la misión de reducir el número de recomendaciones en contra de las dependencias del estado, intentando así, engañar a la atención pública.
Mientras que su predecesora, Marcia Maritza Bullen Navarro, en sus últimos meses a cargo de la CEDHP –los primeros del gobierno ‘morenovallista’– emitió 41 recomendaciones, 11 de ellas contra dependencias del gobierno estatal –70 en un año, desde antes que Moreno Valle llegara al poder–; López Badillo sólo ha dictado 89 recomendaciones en los casi tres de su actual comisión, de las cuales, apenas 15 han sido destinadas a dependencias estatales.
En cambio, el ombudsman de Puebla ha realizado innumerables conciliaciones, las cuales consisten en que las autoridades eviten la recomendación de derechos humanos, al acordar resarcir los daños a las víctimas, mediante el pago de hospitalización o el cese de los elementos policiacos responsables. De esta forma, se disfrazan las cifras oficiales, pues se trata de denuncias que no se concretan, al convencer a los ciudadanos implicados de que éstas no procederán. Además, la mayoría de las conciliaciones efectuadas han recibido quejas posteriores a razón de ni siquiera haber recibido la compensación acordada.
La importancia de las recomendaciones emitidas por la CEDHP radica en que exponen los hechos, las diligencias efectuadas, las pruebas y los argumentos sobre violaciones a los derechos humanos, cuando han intervenido autoridades en actos u omisiones que hayan significado un agravio para la población. En síntesis, representan la exhibición pública de los abusos y las irregularidades de los funcionarios públicos, y los comprometen a restituir de sus derechos a los afectados.
Por otro lado, una conciliación es una especie de acuerdo previo que no deja una constancia tan latente sobre los perjuicios ocasionados; resultando bastante conveniente para Moreno Valle dicha táctica empleada por López Badillo.
En agradecimiento, y también pensando en el beneficio propio, el gobernador poblano propuso que la gestión del ombudsman –a punto de concluir– se extendiera a cinco años; petición que ya ha sido aprobada por los diputados locales de Puebla, con 37 votos a favor.
No obstante, quienes han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, y quienes se encargan de defender los de otras personas, han alzado la voz para evitar que continúe esta alianza política que se ha plantado en contra de la ciudadanía.
Marco Mazatle, representante del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) declaró que López Badillo se encuentra “al servicio” de Moreno Valle: “en el día a día, aquí se violan los derechos humanos en cualquier parte y no pasa nada”, haciendo hincapié en el caso de los activistas detenidos por protestar contra el proyecto de gasoducto Morelos: Enedina Rosas, Juan Carlos Solís y Abraham Cordero.
”Es triste decirlo, pero lamentablemente los poblanos vivimos en un estado de opresión y esto es muestra de eso”, dijo con respecto a la modificación de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
En tanto, una de las críticas más severas proviene del propio Juan Carlos Solís, quien desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula, envió una misiva donde además de señalar a López Badillo como cómplice del gobierno estatal, acusó a éste último de retrograda, antisocial, antipopular y antidemocrático por no respetar los derechos humanos.
Quien también levantó la voz contra el titular de la CEDHP, fue Alejandro Torres, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, quien no ha acudido a la dependencia, pues teme que le suceda lo mismo que a Juan Carlos, cuando fue detenido afuera de las instalaciones luego de presentar una queja por los arrestos de dos activistas en Atlixco.
Para Torres, no hay duda de que la CEDHP fue la que entregó a Solís, puesto que ellos lo fotografiaron cuando ingresó, y minutos después de distraerlo lo detuvieron. Desde su perspectiva, compararon su foto con la de la personas buscada por las autoridades para aprehenderlo.
Este cúmulo de acusaciones mencionadas contra Moreno Valle y sus funcionarios, demuestran que no existe voluntad política alguna para preservar los derechos humanos y paralelamente exponen los peligros que corren los ciudadanos, si este monstruo gubernamental crece de manera desmedida en su búsqueda de poder.
