(16 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego que la Cámara de Diputados votara en el pleno la iniciativa de Ley Nacional de Ejecución Penal aprobada en el Senado de la República, un grupo de organizaciones de la sociedad civil consideraron que su aprobación tal como está, “es un grave retroceso para la garantía de los derechos humanos de la infancia, en particular de niñas y niños pequeños”.
Según las organizaciones no gubernamentales, el poder legislativo no se ha comprometido seriamente con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 que transforman el sistema penal mexicano e instaura un nuevo régimen de seguridad pública y un sistema de reinserción social.
Sin embargo, explican, es notorio que para desarrollar el apartado relativo a derechos humanos no fueron consultadas personas expertas, madres que viven presas con sus hijas o hijos, ni organizaciones especializadas en derechos humanos de la infancia.
Por lo que consideran que el texto legislativo tiene serias regresiones en la protección y garantía para los niños, niñas y adolescentes que tienen un referente adulto privado de la libertad. Hasta ahora, la situación que niñas y niños viven con sus madres en reclusión ha sido el reflejo de la falta de políticas públicas sustentadas en derechos humanos; y se han sustentado en tratos discriminatorios, inhumanos, crueles y degradantes.
“Sumado a lo anterior, la iniciativa aprobada señala que será la Autoridad Penitenciaria la que establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño cuando las mujeres deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años (siempre que no hubiere algún familiar que pudiera hacerse responsable de la familia de origen). Priorizando la separación niño-madre y violando con ello el derecho del niño a vivir en familia.
Por lo que la iniciativa violenta derechos al señalar que únicamente las hijas e hijos que nacieron durante el internamiento podrán permanecer con su madre, hasta que cumpla los tres años de edad”, explican.
Sobre el tema, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de Infancia en México (REDIM), explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que “preocupa que el apartado de derechos de la infancia no fue consultado a las organizaciones expertas, el resultado demuestra que no hubo consulta con expertos, ni se atendieron los trabajos a nivel internacional que existen en la materia.
Además, una de las situaciones preocupantes en este tema es que se olvida que los adultos, particularmente las mujeres que están privadas de la libertad, tienen hijos. La ley General que se acaba de aprobar hace poco obliga a que de ahora en adelante se considere el interés superior de la niñez y esta ley de ejecuciones penales no está en sintonía con la ley General derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Vimos positivo que mencionaba al Sistema Nacional de Protección, que mencionaba a la nueva Procuraduría Federal, pero ya hemos consultado con ellos y no fueron informados, ni les preguntaron sobre el tema de infancia en esta ley, lo cual es muy grave, porque los niños y niñas tienen todos los derechos, pero hay puntos claves”, comenta Pérez García.
En referencia con el derecho de prioridad, el derecho a vivir en familia y el derecho a ser escuchados, por supuesto esto asociado a no tener un trato discriminatorio, sin embargo para los menores que tienen a su madre u otro familiar en la cárcel, mantendrían un trato desigual de manera arbitraria, ya que sin ningún sustento la ley de ejecución penal aprobada ya estableció que los niños y niñas pueden estar con su madre solamente hasta los tres años.
Y es que, explica Pérez García, que aun cuando se argumenta en torno al interés superior de la niñez, es un error gravísimo, porque el interés superior de la niñez no se está en ningún país, ni en un tratado internacional, asociado a la edad sino que es caso por caso, por lo cual considera es una decisión arbitraria que en realidad corresponde más a un prejuicio equivocado o a un desconocimiento del tema, pero sobre todo a una negación a que los niños y niñas vivan con su familia.
“Puede no gustarnos, pueden ser preocupantes las condiciones en las que se encuentran en las prisiones en México, lo compartimos, pero no podemos castigar a los niños y niñas por lo que hizo su madre, no podemos castigarlos y negarles el derecho de vivir con su progenitora, porque las condiciones de las cárceles no son las apropiadas.
Estamos cargando en ellos una responsabilidad que corresponde al Estado, la de garantizar que estén en buenas condiciones y corresponde a su madre los hechos delictivos en los que se vio implicada y por los cuales está privada de libertad. Pero se establece una situación muy preocupante porque en adelante los menores ya no podrán estar con su madre, salvo si es una mujer embarazada y eso significa que todos los niños y niñas que ahora mismo podrían estar con su progenitora, como parte de su derecho también familiar, quedan discriminados”, asegura Pérez García.
Lo cual, considera, puede ser un hecho que corre el riesgo de convertirse en tortura o de castigo de parte de la autoridad carcelaria hacia las madres, por eso es que es muy importante que no lo determine la autoridad cancelaría si no que sea la Procuraduría o un juez en todo caso, comenta. “Considero que el poder legislativo no se ha comprometido seriamente con las distintas reformas para crear el nuevo sistema penal acusatorio.
El haber dejado estos proyectos de ley hasta el final, sin espacios de discusión y forzando que fueran en un extraordinario, los resultados no fueron los más apropiados, insisto, que más allá que consultaron o no a algún experto, es evidente por el resultado que no se hizo la tarea correcta, ni completa, no hubo ninguna oportunidad, después que salió del Senado, que es cuando la conocimos públicamente, no se hicieron ajustes en la Cámara de Diputados porque estaban corriendo y cualquier cambio ahí significaba regresar al Senado y no tenerla lista para el 18 de julio, que se pone en marcha el sistema penal acusatorio”, asevera Pérez.
Lo cual ve como una evidencia de descuido, porque se ha trabajado de manera poco comprometida por parte del poder legislativo, “obviamente esto tendrá que ser corregido en reformas posteriores, pero queremos colocar la alerta que, si no se hace con acompañamientos de expertos y no se atienden los tratados internacionales, seguiremos repitiendo errores como estos.
Todos los niños y adolescentes que tienen a un referente familiar adulto en prisión quedan totalmente olvidados e invisibles, en otros países lo que se hace es que las madres tienen medidas especiales, como prisión domiciliaria u otro tipo de medidas dependiendo del tipo de hecho delictivo, porque no se está pensando en beneficios para la madre, estamos hablando del derecho de los niños a vivir con su familia, aquí es cambiar el paradigma porque el legislador con la ley pensó en las mujeres como criminales, olvidándose de los niños y las niñas”, sentencia Pérez García.
