(19 de Octubre, 2015).- Desde de la reestructuración de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, nuevo titular de la dependencia, sólo ha exonerado a Enrique Peña Nieto por el conflicto de interés por la Casa Blanca de su esposa Angélica Rivera y apenas ha aplicado sanciones menores a funcionarios de nivel bajo.
De acuerdo con información sobre el personal del gobierno federal que ha sido castigado y las causas desde la llegada de Andrade a la dependencia, el informe da cuenta de 5 mil 402. Se les han impuesto sanciones por diversas causas, tanto por la SPF como por órganos de control interno de cada secretaría. Sin embargo, más de 95 por ciento de casos son por dos causas principales: negligencia administrativa e incumplimiento en la declaración de la situación patrimonial.
Desde el 3 de febrero, la SFP no ha turnado ningún caso de gravedad que tenga que ser atendido por la Procuraduría General de la República (PGR) para fincar alguna responsabilidad penal, pues la dependencia sólo puede aplicar sanciones administrativas.
Los funcionarios están obligados a presentar su modificación en su situación patrimonial y en caso de incumplir, la SFP puede aplicar sanciones administrativas que pueden ir de amonestación a inhabilitación, en función de si se incumplió totalmente esa obligación o bien se entregó la declaración de modificación patrimonial de forma extemporánea, lo cual implica una sanción, pero con atenuantes.
Aunque la dependencia se pretendía eliminar de la Administración Pública federal con Peña Nieto, derivado de los casos de conflictos de interés e indignación social por la Casa Blanca de su esposa, el Ejecutivo tuvo que volver a crearla para insertarla al Sistema Nacional Anticorrupción.
Del listado de más de 5 mil sanciones –que no necesariamente es el número de funcionarios castigados, pues un servidor público puede recibir más de uno en un expediente– existen casos en los que se decretó inhabilitación, sanción económica o destitución por denuncias relacionados con cohecho o extorsión, si bien no hay más de 20 casos de denuncias por ese tipo de irregularidades.
Además, los funcionarios incurren en violaciones en el manejo de la normatividad presupuestal y cuyas sanciones dependen de la gravedad de la manipulación en el ejercicio de recursos, vinculados con irregularidades en los procesos de contratación de personal.
